(BOJA núm. 11 Sevilla, 16 de enero 2008)
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 283/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 10.3.23.°, define como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma «la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos». Asimismo, el Capitulo V del Título IX del texto estatutario, que se refiere a la Cooperación al Desarrollo, establece en el apartado 1 de su artículo 245 que «el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden internacional basado en una más justa distribución de la riqueza». El apartado 2 de este mismo artículo expresa que la «Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación para el desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en Iberoamérica,
el Magreb y el conjunto de Africa». El artículo 247 recoge que «la Junta de Andalucía impulsa y coordina las acciones exteriores de las Corporaciones locales, de los organismos autónomos y de otros entes públicos de Andalucía en materia de cooperación exterior, respetando la autonomía que en cada caso corresponda». El apartado 1 del artículo 6 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece que la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo se articula a partir del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, los planes anuales y los programas operativos por países. Este mismo precepto legal señala en su apartado 2, que el Plan, cuya duración es cuatrienal, contendrá los objetivos y las prioridades que deben regir esta política durante su período de vigencia, y determinará los recursos financieros indicativos para su ejecución.
El Plan tiene su fundamento en el objetivo esencial de la política de cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía que, como establece el artículo 3 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.
El artículo 11.1 de la referida Ley 14/2003, de 22 de diciembre, señala que corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del Plan. Por su parte el artículo 12.a) de dicha Ley atribuye a la Consejería competente en materia de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo, entre otras funciones, la elaboración y seguimiento del Plan.
Conforme al artículo 14.3.c) de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, corresponde a la Comisión de Cooperación para el Desarrollo aprobar la propuesta del Plan, elaborada por la Consejería competente en materia de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo,desarrollo, y por su parte, al Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo informar la misma (artículo 13.3 a).
Los artículos 1 y 12 del Decreto 347/2004, de 25 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de la Presidencia regulan que corresponde a dicha Consejería, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la coordinación y asesoramiento de las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo. La Comisión de Cooperación para el Desarrollo ha aprobado la propuesta de Plan, en su reunión de 19 de noviembre de 2007. Asimismo, el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha informado favorablemente el proyecto de Plan, en su reunión de 26 de noviembre de 2007.
En su virtud, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Planificación, a propuesta del Consejero de la Presidencia, de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de diciembre de 2007.
D I S P O N G O
Artículo Primero. Aprobación del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. Se aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2008-2011) como instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo, cuyo texto se adjunta en el Anexo del presente Decreto.
Artículo Segundo. Remisión al Parlamento de Andalucía.
Remitir al Parlamento de Andalucía, para su examen, el texto del Plan que aparece en el Anexo del presente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de la Presidencia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2008.
Sevilla, 4 de diciembre de 2007
MANUEL CHAVEZ GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
PLAN ANDALUZ DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (2008-2011) 28 de noviembre de 2007
ÍNDICE DE CONTENIDOS
PRESENTACIÓN MARCO DE REFERENCIA EL VALOR AÑADIDO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DEL PACODE ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN DEL PACODE
1. UNA NUEVA FASE DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE ANDALUCÍA Antecedentes.
La evolución de la ayuda en cifras.
Principios y objetivos de la política de cooperación para el desarrollo de Andalucía: la Ley 14/2003, de 22 de diciembre.
La cooperación andaluza en el contexto estatal.
CONTEXTO NACIONAL: LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA CONTEXTO INTERNACIONAL: LA DECLARACIÓN DEL MILENIO Y LA AGENDA INTERNACIONAL DE DESARROLLO
2. OBJETIVO GENERAL DEL PACODE. PRINCIPIOS OPERATIVOS Y PRIORIDADES HORIZONTALES OBJETIVO GENERAL DEL PACODE PRINCIPIOS OPERATIVOS Alineación.
Apropiación.
Gestión orientada a resultados.
Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes.
PRIORIDADES HORIZONTALES La equidad de género.
La protección del medio ambiente y su gestión sostenible.
El fomento de la diversidad cultural.
El fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
Estrategia para garantizar la consideración de las prioridades horizontales en las distintas fases de la cooperación.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA Prioridades geográficas.
Países prioritarios.
Enfoque regional.
Integración Centroamericana.
Cooperación transfronteriza.
Actuaciones sectoriales regionales.
Enfoque continental.
Cooperación Sur-Sur.
Líneas prioritarias sectoriales.
Línea prioritaria 1: Servicios sociales básicos.
La educación básica.
La salud primaria y reproductiva.
La vivienda digna.
El saneamiento y el acceso a agua potable.
La seguridad alimentaria.
Línea prioritaria 2: El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y de sus organizaciones.
Apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano.
Línea prioritaria 3: El respeto a los derechos humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración social de la mujer y de los grupos de población más vulnerables (menores, indígenas y minorías).
Género.
Infancia y juventud en riesgo.
Población indígena y grupos étnicos.
Personas con discapacidad.
Población refugiada y desplazada.
Línea prioritaria 4: La formación y capacitación de los recursos humanos.
Línea prioritaria 5: La dotación, mejora o ampliación de infraestructuras así como el desarrollo de la base productiva, el fortalecimiento del tejido empresarial básico, en particular de las pequeñas y medianas empresas, las empresas artesanales, las empresas de economía social y todas aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo en los sectores más desfavorecidos.
Línea prioritaria 6: Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
Línea prioritaria 7: Promoción de la cultura y del patrimonio histórico y de los valores, especialmente en aquellos aspectos directamente relacionados con la identidad de los pueblos, que favorezcan su desarrollo endógeno.
Línea prioritaria 8: Fomento de la ordenación física, territorial y urbanística, incluyendo la política de suelo y vivienda, la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanística y el transporte público.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: CONSOLIDAR LA ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA
Línea prioritaria 1: Integración de la acción humanitaria como elemento fundamental de la política de cooperación al desarrollo andaluz.
Línea prioritaria 2: Diseño de mecanismos de coordinación de las actuaciones de acción humanitaria.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECER LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA
Línea prioritaria 1: Intervención en procesos educativos.
Línea prioritaria 2: Sensibilización.
Línea prioritaria 3: Cultura de Paz.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: MEJORAR EL CICLO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA
Línea prioritaria 1: Mejora de la planificación andaluza.
Línea prioritaria 2: Mejora de los mecanismos de gestión y ejecución de la cooperación andaluza.
Línea prioritaria 3: Mejora de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación andaluza.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y APOYAR SU INTERVENCIONES
Línea prioritaria 1: Participación de los agentes andaluces en el desarrollo del Plan.
Los Agentes de la cooperación andaluza.
La Administración de la Junta de Andalucía.
La Administración Local.
Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.
Las Universidades.
Las organizaciones sindicales.
Las organizaciones empresariales.
Línea prioritaria 2: Apoyos específicos a los agentes andaluces en función de sus características y funciones.
Línea prioritaria 3: Apoyo al voluntariado y a los cooperantes.
Línea prioritaria 4: Coordinación entre los agentes andaluces.
Línea prioritaria 5: Fortalecimiento de la capacidad de los agentes andaluces.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PACODE 5. RECURSOS FINANCIEROS INDICATIVOS P R E S E N T A C I Ó N MARCO DE REFERENCIA
El Estatuto de Autonomía de Andalucía consagra, en su artículo 10.3.23, como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma «la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos».
Asimismo, el capítulo V del título IX, que se refiere a la Cooperación al Desarrollo, establece en su artículo 245 que «el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden internacional basado en una más justa distribución de la riqueza».
Este mismo artículo expresa que la «Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación para el desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África». El artículo 247, relativo a la «Coordinación de la acción exterior en materia de cooperación», establece que «la Junta de Andalucía impulsa y coordina las acciones exteriores de las Corporaciones locales, de los organismos autónomos y de otros entes públicos de Andalucía en materia de cooperación exterior, respetando la autonomía que en cada caso corresponda».
De la misma forma, la Exposición de Motivos de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece que la solidaridad es un valor arraigado en la sociedad andaluza y que la política de cooperación internacional de la Junta de Andalucía es expresión de una plena convicción de la responsabilidad común respecto a la situación de pobreza y marginación que vive una gran parte de la población mundial y signo de una voluntad de contribuir al progreso y desarrollo humano de las poblaciones más necesitadas y a la mejora de sus condiciones de vida para conseguir la dignidad integral a la que todas las personas tienen derecho.
La Exposición de Motivos de la referida Ley también establece que para ello es necesario definir programas a medio plazo con un enfoque integrado, de acuerdo con los destinatarios, buscando la complementariedad con otras instituciones; programas que permitan el establecimiento de cauces apropiados para conseguir un desarrollo humano sostenible. En este sentido, encomienda a las autoridades competentes la planificación de la cooperación andaluza en su globalidad y con cada país en concreto.
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley, relativo a la Planificación de esta política, se presenta el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE), que tiene una duración cuatrienal (2008-2011) y que contiene los objetivos, las prioridades y los recursos financieros indicativos para su ejecución.
El PACODE se fundamenta en el objetivo esencial de la política de cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía que, como establece el artículo 3 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.
Estas dos ambiciosas metas constituyen la base de la política de cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía que toma como referencia la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno de 189 países en el año 2000, y la Agenda Internacional de Desarrollo que pretenden en su conjunto crear entre todos un entorno propicio para hacer realidad la erradicación de la pobreza y el derecho al desarrollo.
EL VALOR AÑADIDO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA Todo lo anterior constituye el fundamento de la apuesta del Gobierno andaluz por contribuir a la generación de procesos de desarrollo y de progreso en los países receptores de la ayuda. Para ello, se pone a disposición de otros pueblos la experiencia del proceso de desarrollo recientemente experimentado en Andalucía, y del que son protagonistas, en particular, todos los agentes de la cooperación y, en general, todos los andaluces y andaluzas. Esta es, sin duda, una de las principales aportaciones de la cooperación andaluza que se pone de manifiesto a lo largo del PACODE, puesto que la realidad histórica de Andalucía está muy cercana a la de los países en vías de desarrollo.
Distintos elementos corroboran el valor añadido de la experiencia andaluza a la hora de ejecutar la política de cooperación internacional para el desarrollo: las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, que tienen una estrecha relación con los sectores prioritarios de la cooperación; los diferentes modelos de desarrollo que se han experimentado en el ejercicio de dichas competencias, el acervo legislativo y reglamentario, el potencial de los recursos humanos de la Administración autonómica, el proceso de autonomía que el modelo constitucional español ha generado. Todos pueden ser útiles para las administraciones de los países del Sur y, por tanto, se ponen a su disposición.
De igual manera, constituye un valor añadido el acervo de las entidades locales y provinciales andaluzas y su importante papel en el desarrollo de la Comunidad Autónoma; la especialización de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) y su aportación a la consolidación de una sociedad civil estructurada; la contribución de las universidades al desarrollo de Andalucía y su amplia trayectoria de cooperación; la aportación de las organizaciones sindicales y empresariales a la cohesión social y al desarrollo social y económico de la Comunidad Autónoma; y, el propio pueblo andaluz, protagonista principal de todo el proceso de desarrollo y de solidaridad con los pueblos más desfavorecidos. En definitiva, todos los agentes de la cooperación andaluza tienen una experiencia propia que puede contribuir al desarrollo de los habitantes de los países prioritarios de la cooperación andaluza.
Esta es la filosofía que guía esta política pública, en general, y el PACODE, en particular: mostrar que es posible la erradicación de la pobreza y un desarrollo económico y social duradero aprovechando las potencialidades endógenas propias.
El Plan es, por tanto, un claro exponente de la voluntad de la Junta de Andalucía por compartir su modelo de desarrollo, sin pretender imponer estrategias que no sean compatibles con las prioridades de los países receptores. Por el contrario, se parte de la convicción de que el desarrollo de los países más necesitados parte, inexorablemente, de su implicación activa en la elaboración de sus planes y estrategias, asumiendo un liderazgo efectivo y un protagonismo principal en su propio desarrollo, entendiendo la apropiación del modelo como pieza clave para asegurar un cambio en las condiciones de vida sostenible.
PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DEL PACODE En la elaboración del PACODE se han centrado los esfuerzos en consolidar una política andaluza, que recoja la participación de los distintos agentes de la cooperación. Así, conscientes de la importancia de contar con la aportación de todos los agentes andaluces y con sus opiniones y expectativas sobre los retos a afrontar y sobre las soluciones más adecuadas, la elaboración del Plan se ha llevado a cabo mediante la aplicación de una metodología participativa, lo que ha permitido obtener demandas concretas y definir orientaciones viables y estables que configuran un modelo andaluz de cooperación consensuado que sirva para mejorar la calidad de la ayuda y, en definitiva, el nivel de vida de los ciudadanos y ciudadanas de los países receptores.
De este modo, la Consejería de la Presidencia ha hecho partícipe del PACODE a todos los agentes de la cooperación andaluza, implicándolos en su formulación e invitándolos a hacer todas las propuestas que permitan que el consenso sobre el mismo sea el más amplio posible. Esta retroalimentación de la información ha permitido ir configurando, de manera progresiva, un Plan plural, abierto e integral, en un proceso en el que se ha propiciado la recopilación del mayor número de indicaciones y planteamientos posibles.
Asimismo, para su elaboración se han tenido en cuenta las estrategias de desarrollo y todas las Declaraciones de Intenciones, incluyendo las firmadas recientemente con Nicaragua y República Dominicana, de la Junta de Andalucía con los países prioritarios de la cooperación andaluza.
Por tanto, son la participación, la concertación, el consenso y la complementariedad entre los agentes de desarrollo andaluces los pilares sobre los que se basan las propuestas realizadas en el Plan, todo ello en coherencia con la intención del Gobierno Andaluz de hacer del PACODE un verdadero instrumento de planificación de una política pública que contribuya, durante su período de vigencia, 2008-2011, al logro de los objetivos establecidos en la Ley, marco de referencia esencial del modelo articulado.
ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN DEL PACODE El Plan, en su concepción, constituye un documento estratégico integral que fija las bases del modelo andaluz de cooperación internacional para el desarrollo, de manera coherente con lo establecido en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, y que permite articular el conjunto de actuaciones que en esta materia se viene implementando desde mediados de los años ochenta en Andalucía.
Con la finalidad de garantizar la coherencia interna de la estrategia propuesta se ha establecido la correspondencia entre los objetivos definidos y las líneas prioritarias de actuación propuestas para alcanzarlos.
Partiendo del objetivo general que se persigue con el Plan se han establecido tres niveles de planificación: objetivos específicos, que expresan los cinco grandes retos a los que pretende hacer frente la cooperación andaluza durante el período de vigencia del Plan, 21 líneas prioritarias, que articulan la estrategia de intervención para conseguir los objetivos del nivel superior y agrupan un conjunto de medidas, pretendiendo la generación de sinergias.
Esta lógica de programación se basa en la coherencia en los diferentes niveles de planificación y entre un nivel y el inmediatamente inferior, al tiempo que facilita el diseño de los sistemas de seguimiento y evaluación del Plan.
También se ha velado por garantizar la coherencia externa de la estrategia propuesta con los principios que rigen la política española de cooperación internacional para el desarrollo y de las directrices y recomendaciones de los principales organismos y acuerdos internacionales.
1. UNA NUEVA FASE DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE ANDALUCÍA Antecedentes Las primeras intervenciones de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo comienzan a mediados de los años ochenta. Fueron las Consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente las que iniciaron esta andadura realizando actuaciones de rehabilitación de viviendas en diferentes ciudades iberoamericanas y proyectos de ordenación de los recursos naturales en países de Iberoamérica y Marruecos.
A partir del año 1990, desde la Consejería de la Presidencia, a la que se le asignaron las competencias de coordinación de la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional, se comenzó a apoyar el desarrollo de poblaciones empobrecidas de los países del Sur. Estas intervenciones fueron realizadas por la propia Administración de la Junta de Andalucía y por los otros agentes andaluces, particularmente las ONGDs. En este sentido, se apoyaron iniciativas emprendidas por las distintas Consejerías, Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones de la Junta de Andalucía y, al mismo tiempo, se financiaron actuaciones y proyectos de ONGDs, entidades locales, universidades, organizaciones sindicales y empresariales y otras entidades y asociaciones vinculadas con la cooperación internacional para el desarrollo.
Resultado de este apoyo ha sido la ejecución de un gran número de proyectos principalmente en Marruecos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Burkina Fasso, Mozambique y Territorios Palestinos y Población Saharaui.
Las intervenciones se han concentrado en sectores como los servicios sociales básicos (la salud, la educación, el agua y saneamiento, la vivienda, la seguridad alimentaria), la equidad de género, las infraestructuras básicas comunales y rurales, la rehabilitación de viviendas, la ordenación del territorio, el fortalecimiento institucional, el medio ambiente y la cultura.
Junto a las intervenciones de desarrollo, la Junta de Andalucía ha apostado desde el principio por apoyar las iniciativas destinadas a la Educación para el Desarrollo. Este apoyo se ha materializado en la financiación de proyectos a las ONGDs, que han tenido una especial incidencia en fortalecer el compromiso de la sociedad andaluza con la situación de pobreza que padece una parte importante de la población mundial.
De la misma manera, desde la Junta de Andalucía se ha apoyado a poblaciones vulnerables en situaciones de desastres derivadas de conflictos civiles o catástrofes naturales mediante intervenciones de Acción Humanitaria. Las intervenciones realizadas han sido ejecutadas, de forma excepcional, por la propia administración pública y en la inmensa mayoría de los casos por las ONGDs andaluzas, que tenían infraestructura en la zona de incidencia del desastre y capacidad para intervenir en emergencia. Asimismo, se han apoyado actuaciones realizadas por Agencias de Naciones Unidas (ACNUR y UNICEF). En este contexto, destacan las intervenciones apoyadas en distintos países centroamericanos por las catástrofes producidas por los huracanes Mitch, Stan y Denis, las ayudas a la población damnificada por la guerra de Irak, la situación de la población de los Territorios Palestinos y, más recientemente, en Perú como consecuencia del terremoto.
Paralelamente, se ha dotado a la cooperación andaluza de un marco jurídico e institucional propio, cuya base es la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada por unanimidad por el Parlamento Andaluz. En su desarrollo se aprobó el Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se regula la Comisión de Cooperación para el Desarrollo, el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía. En este contexto, por la Ley 2/2006 se crea la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como órgano encargado de ejecutar esta política.
Con objeto de dotar a la cooperación andaluza de un marco estable con los países prioritarios de la ayuda, desde la Junta de Andalucía se han suscrito, con las administraciones de los respectivos países, diferentes Declaraciones de Intenciones y Memorandos de Entendimiento. Cabe citar entre ellos los firmados con Marruecos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y Malí. Junto a este ámbito institucional global, la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha tenido un marco específico derivado de la singularidad de sus intervenciones, que han consistido, por norma general, en actuaciones con entidades locales, suscribiendo protocolos con las municipalidades contrapartes (Tetuán, Chaouen y Larache en Marruecos, La Habana, Santiago de Cuba, Buenos Aires, Quito, etc.) A esta relación institucional bilateral, se ha unido una cooperación con diferentes organismos internacionales, como los Memorandos suscritos con la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana y con la Organización Panamericana de la Salud, con la que se han realizado programas mediante la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Con el fin de conseguir un mayor impacto de la ayuda andaluza se ha consolidado la coordinación y complementariedad con otras entidades responsables de la cooperación. En concreto con la Administración General del Estado y, especialmente, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que se han suscrito tres Convenios de Colaboración que han facilitado la gestión de la cooperación de la Administración andaluza con los países socios.
Igualmente, se ha promovido el fortalecimiento y la colaboración de los distintos Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía.
Las ONGDs han sido las entidades que han liderado en Andalucía el espíritu de la solidaridad con otros pueblos y, en este sentido, han hecho un importante esfuerzo por consolidarse como promotores del desarrollo de otros países y en vanguardia de la Educación para el Desarrollo de la sociedad andaluza. En todo ese proceso de consolidación, las ONGDs han contado con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía ha encontrado en este colectivo a un dinamizador de su política de solidaridad con los países en desarrollo.
Así desde el año 2000, la Consejería de la Presidencia ha venido apoyando a la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) en el fortalecimiento de su estructura permanente de apoyo a las ONGDs andaluzas, mediante la firma de sucesivos Convenios de Colaboración.
Al mismo tiempo, la CAONGD ha presentado al Gobierno andaluz y a los grupos políticos con representación parlamentaria unos compromisos por la solidaridad que se han reflejado en sendos Pactos Andaluces por la Solidaridad, suscritos en 1998 y 2004. Fruto de ellos, ha sido la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la mejora de la planificación de la cooperación.
Especial relevancia adquiere el incremento de los recursos destinados a cooperación; el Acuerdo de 2004 contemplaba el compromiso de alcanzar en el 2008 el 0,35% del presupuesto de la Junta de Andalucía y en el año 2012 el 0,7%.
En el proceso de fortalecimiento de la cooperación andaluza han jugado un papel muy importante otros agentes de desarrollo. Las entidades locales, teniendo como referencia la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI), han ido progresivamente destinando un porcentaje de sus presupuestos a la solidaridad y la Consejería de la Presidencia ha ido apoyando ese esfuerzo cofinanciando intervenciones concretas. Las universidades y las organizaciones empresariales y sindicales han jugado un papel de relevancia en la ejecución y elaboración del modelo andaluz de cooperación.
Todos han aportado recursos económicos, materiales y humanos en pro de la solidaridad internacional, cada uno desde su ámbito y con el apoyo de la Administración de la Junta de Andalucía.
La evolución de la ayuda en cifras Para la consecución de los objetivos previstos en la Ley, es necesaria una financiación acorde con los objetivos planteados.
El gobierno andaluz ha incrementado de forma considerable los fondos asignados a la cooperación internacional para el desarrollo desde los 180.000 euros destinados en 1990, a los 109,6 millones de euros previstos en el presupuesto del año 2008. Este incremento en la cantidad de la ayuda hace que se supere la meta de destinar el 0,35% del Presupuesto de la Junta de Andalucía, fijada en el Compromiso Andaluz por la Solidaridad, en el año 2008.
Principios y objetivos de la Política de Cooperación para el Desarrollo de Andalucía: la Ley 14/2003, de 22 de diciembre La política de cooperación para el desarrollo andaluza está regulada por la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que se establecen sus principios rectores, objetivos y prioridades.
Asimismo, la Ley recoge las pautas generales que orientarán la planificación estratégica de la política de cooperación, sus instrumentos y modalidades de cooperación y los órganos rectores de la misma.
El artículo 2 de la Ley establece que la política de la Junta de Andalucía en esta materia constituye la expresión de la solidaridad del pueblo andaluz con los países en desarrollo, que está presidida por los siguientes principios: a) La consideración y el reconocimiento del ser humano, en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario de la política de cooperación internacional para el desarrollo.
b) El respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, especialmente, el derecho a la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza, cultura y religión.
c) La promoción de un desarrollo humano integral, participativo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
d) El fomento del diálogo, la paz y la convivencia, el respeto de los modelos de desarrollo social y económico de otros pueblos y de sus particularidades culturales.
e) La concertación entre las partes y la corresponsabilidad en la definición, ejecución y determinación de las actividades de cooperación.
f) El apoyo a las iniciativas dirigidas a la disminución de las desigualdades entre los pueblos.
El objetivo esencial de la política de cooperación de la Junta de Andalucía establecido en la Ley es contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible. Este objetivo se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos (explicitados en el artículo 3 de la Ley 14/2003): a) La satisfacción de las necesidades básicas de la población, con especial incidencia en las capas más desfavorecidas, y la formación y capacitación de sus recursos humanos.
b) La consolidación de la democracia y del estado de derecho, el fortalecimiento institucional y la descentralización político-administrativa.
c) La promoción de un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.
d) El fomento de la acción humanitaria.
e) La sensibilización e información de la sociedad andaluza sobre la situación desfavorecida que padecen otros pueblos y el impulso y la canalización de la participación y solidaridad social en las acciones de cooperación.
f) Un mayor equilibrio y corresponsabilidad en las relaciones comerciales entre los pueblos.
La cooperación andaluza en el contexto estatal La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales pueden llevar a cabo actividades en esta materia, salvaguardando el principio de unidad de acción exterior e inspirándose en los principios, objetivos y prioridades, sectoriales y geográficas, marcados por la Administración General del Estado.
Para coordinar las distintas actividades que realicen la Administración General del Estado y las otras Administraciones públicas se creó la Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como órgano de concertación y colaboración. Las funciones de la Comisión se dirigen a promover la coherencia y complementariedad de las actuaciones de las Administraciones, el mayor grado de eficacia y eficiencia en sus iniciativas y la participación de todas ellas en la configuración de la Política de Cooperación Española.
El actual Plan Director de Cooperación Española (2005-2008) especifica la importancia de configurar la política de cooperación para el desarrollo como una política de Estado en la que, con el máximo respeto a la autonomía, pluralidad y particularidades de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, se establezcan unas líneas generales comunes, de forma consensuada y coordinada entre todas las Administraciones Públicas.
Mediante las relaciones establecidas con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con la AECID y, fundamentalmente mediante su participación en la Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Junta de Andalucía ha participado en la elaboración del Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008), en los distintos Documentos Estrategia País y en los Planes de Actuación Especial de los países prioritarios de la cooperación andaluza. Asimismo, ha asistido a las Comisiones Mixtas que España ha celebrado con los distintos países para concretar y hacer un seguimiento de su cooperación y ha hecho un uso permanente de las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de la cooperación española en los distintos países.
CONTEXTO NACIONAL: LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA La política de cooperación española está regulada por la Ley 23/1998 y el Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008) constituye su instrumento básico de planificación.
El Plan ha constituido el motor de todo un proceso de reforma de la cooperación española, adecuándola a la Agenda Internacional de Desarrollo e incorporando cambios importantes en su diseño y ejecución.
En concreto, la cooperación española ha realizado una labor importante por mejorar la planificación con la determinación de una metodología y su materialización en diferentes instrumentos geográficos, como los Documentos de Estrategia País y los Planes de Actuación Especial, e instrumentos como los Documentos Estrategias Sectoriales. Para su elaboración, en coherencia con la Declaración de París, se ha realizado un esfuerzo considerable de coordinación con los países socios y de alineamiento con las respectivas Estrategias de Reducción de la Pobreza y Estrategias de Desarrollo Nacionales. Al mismo tiempo, se ha dado una participación a los distintos agentes de la cooperación, y especialmente, a las Comunidades Autónomas y entidades locales en su elaboración.
Paralelamente, se ha producido un incremento sustancial de los recursos destinados a la cooperación, alcanzando en el ejercicio 2008 el 0,5% del PIB. Asimismo, la cooperación española ha optado en esta nueva fase por un multilateralismo activo y eficaz, incrementando considerablemente las aportaciones a los organismos internacionales.
La cooperación española ha incorporado, además, otros cambios relevantes en concordancia con la Agenda Internacional: considerar países prioritarios a un grupo importante de países de África Subsahariana, para cumplir el compromiso de la Declaración del Milenio de destinar al menos el 20% de su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a Países Menos Adelantados; promover el uso de nuevos instrumentos de la cooperación como el apoyo presupuestario, el canje de deuda por desarrollo en el sector educativo o el enfoque sectorial; integrar los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo en el marco global de la cooperación; adecuar la acción humanitaria a las necesidades de la población vulnerable que la necesita y, por último, revisar en profundidad la metodología de la evaluación de la cooperación.
Finalmente, ha configurado la cooperación internacional para el desarrollo como una política de Estado, estableciendo, como el Plan Director indica, unas líneas comunes generales de forma consensuada y coordinada entre todas las Administraciones Públicas, respetando el principio de autonomía y la pluralidad propia de las CC.AA. y de las entidades locales. En este sentido, se han creado diferentes Grupos de Trabajo, en el seno de la Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el tratamiento de aspectos de interés común para los distintos agentes públicos de la cooperación española; se ha consolidado la participación de las Comunidades Autónomas en las Comisiones Mixtas con los países socios y, por último, se ha promovido la firma de convenios con las Comunidades Autónomas.
En este contexto, la nueva política de cooperación española, y su referente básico el actual Plan Director, constituye el marco de referencia del PACODE.
CONTEXTO INTERNACIONAL: LA DECLARACIÓN DEL MILENIO Y LA AGENDA INTERNACIONAL DE DESARROLLO La política de cooperación andaluza se inserta en el consenso existente a escala internacional sobre la erradicación de la pobreza en el mundo, del que participan un creciente número de Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, tanto del Norte como del Sur. Este consenso se concreta en la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Agenda Internacional de Desarrollo.
Lo que se ha venido a denominar la Declaración del Milenio, suscrita en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 por los Jefes de Estados y de Gobierno de 189 países, establece como primer objetivo mundial conseguir en el año 2015 la reducción a la mitad del número de personas que viven con menos de 1 dólar al día y de las que padecen hambre. La Declaración contiene otros siete ob- jetivos globales relativos a la educación, la igualdad de género, la salud materno-infantil, el sida, la malaria y otras enfermedades, la sostenibilidad medioambiental y la consecución de una Asociación Global entre los países ricos y los países en desarrollo para lograr la consecución del desarrollo para ese año meta 2015. La innovación que supone la Declaración del Milenio es que introduce un calendario global, con 8 objetivos claramente definidos, 18 metas para lograr su consecución y la definición de un sistema que garantiza el seguimiento de los esfuerzos emprendidos por las distintas instancias del Norte y del Sur para su consecución. Dicho sistema se concretó en la definición de 48 indicadores y una verificación anual e intermedia de la consecución de los Objetivos del Milenio (ODM).
Con anterioridad a la Declaración del Milenio, se han celebrado una serie de Conferencias Internacionales que han ido definiendo en los diversos sectores hacia dónde y cómo se debe destinar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Destacan la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Cumbre de Viena sobre los Derechos Humanos (1993), la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo (1994), la de Copenhague sobre Desarrollo Social (1995), la de Beijing sobre Mujer y Desarrollo (1995), la de Roma sobre la Alimentación (1996) y la de Estambul de Hábitat II (1996).
En el año 2002 se celebró la Conferencia Intergubernamental de Monterrey para tratar la Financiación para el Desarrollo.
En ella se subrayó, entre otras cuestiones, la necesidad de incrementar la AOD hasta alcanzar el 0,7% del PIB del conjunto de los países donantes.
Además de estos compromisos, los Bancos Multilaterales de Desarrollo y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE han venido reuniendo a responsables de países socios y donantes y de organismos e instituciones bilaterales y multilaterales de desarrollo para analizar los problemas que surgían de la multiplicidad de requisitos y procedimientos exigidos por las agencias de cooperación para prestar su Ayuda y esto ha dado pie a diversas Conferencias Internacionales destinadas a la Armonización de la AOD (Roma, 2003), la Gestión destinada a los Resultados (Marrakech, 2004) y la Eficacia de la Ayuda (París, 2005).
El contenido de estas reuniones se ha centrado en la búsqueda de mecanismos para garantizar la coordinación y complementariedad de donantes y países socios. En la Declaración de París se establecen cinco Compromisos de Asociación con el objetivo de mejorar la eficacia de la ayuda: Apropiación (los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y coordinan las acciones de desarrollo); Alienación (los países donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios); Armonización (las acciones de los donantes están más armonizadas y son transparentes y eficaces desde un punto de vista colectivo); Gestión orientada a Resultados (se deberán administrar los recursos y mejorar la toma de decisiones en función de los resultados a alcanzar) y Mutua Responsabilidad (los donantes y los socios son corresponsables de los resultados del desarrollo). La Declaración de París constituye el marco operativo de referencia para la mejora de la eficacia de la ayuda de la cooperación andaluza.
En el marco de la Unión Europea, en el año 2006 se adoptó el Consenso Europeo sobre el Desarrollo mediante una Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión. Constituye el marco común de referencia para la cooperación para el desarrollo que se planifica y ejecuta desde la Comunidad y desde los 27 Estados miembros de la UE. El Plan comparte su contenido y compromisos, especialmente lo relativo al incremento de los recursos destinados a la AOD, a la mejora de la eficacia de la ayuda, siguiendo los Principios de la Declaración de París, a la necesidad de la coordinación y complementariedad de los donantes y a la coherencia con las políticas a favor del desarrollo.
Estos compromisos configuran el marco del sistema internacional de la AOD, cada vez más vinculante para todos los encargados de hacer políticas de cooperación, constituyendo de este modo el contexto en el que se inserta el PACODE. En consonancia con este marco, el Plan se inscribe en las principales iniciativas de la Agenda Internacional de Desarrollo y define un modelo de cooperación andaluza en coherencia con los compromisos internacionales referidos.
2. OBJETIVO GENERAL DEL PACODE. PRINCIPIOS OPERATIVOS Y PRIORIDADES HORIZONTALES OBJETIVO GENERAL DEL PACODE El PACODE, como instrumento de planificación plurianual en el que se plasma la política de cooperación andaluza establecida en la Ley 14/2003, toma como referencia el objetivo esencial explicitado en la misma. Así, el Plan persigue, como objetivo general, contribuir a la erradicación de la pobreza y a la promoción del desarrollo humano sostenible en el período 2008-2011, desde un modelo andaluz de cooperación internacional para el desarrollo integrado, coordinado y consensuado con el resto de actores y acorde con los recursos y capacidades con los que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para valorar de forma adecuada las dimensiones reales del objetivo general del Plan, hay que tener en cuenta que el concepto actual de la pobreza no se limita a la falta de ingresos económicos sino que aborda toda una serie de carencias de capacidades del ser humano que impiden su verdadero desarrollo.
Los referentes fundamentales son tres: - El Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de Copenhague (marzo de 1995) señala que la pobreza tiene diversas manifestaciones: falta de ingresos y de recursos productivos suficientes para garantizar medios de vida sostenibles, hambre o malnutrición, mala salud, falta de acceso o acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, aumento de la morbilidad y la mortalidad a causa de enfermedades, carencia de vivienda o vivienda inadecuada, medios que no ofrecen condiciones de seguridad y discriminación y exclusión sociales. También se caracteriza por la falta de participación en la adopción de decisiones en la vida civil, social y cultural, subrayando que las mujeres soportan una parte desproporcionada de la carga de la pobreza y los niños que crecen en esa situación suelen quedar en desventaja para siempre. Por su parte, las personas de edad, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, los refugiados y las personas desplazadas dentro de sus países son también especialmente vulnerables a la pobreza.
- En coherencia con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, en sus Directrices sobre la Reducción de la Pobreza, incide en el carácter multidimensional del problema al enunciar que abarca distintos aspectos de la capacidad humana: el económico (renta, medios de vida, un trabajo digno), el humano (salud, alfabetismo), el político (poder, derechos, voz), el sociocultural (estatus, dignidad) y la protección (inseguridad, riesgo, vulnerabilidad), indicando que la perspectiva de género es esencial para poder reducir la pobreza en todas sus dimensiones. Asimismo, señala que mantener la base de los recursos naturales es fundamental para que la reducción de la pobreza sea duradera.
- El Consenso Europeo sobre Desarrollo, asumiendo ese carácter multidimensional, establece que la pobreza abarca todos los ámbitos en los que las personas de cualquier sexo sufren privaciones y son percibidas como carentes de capacidades en sociedades y contextos locales diversos. Las dimen- siones esenciales de la pobreza incluyen capacidades económicas, humanas, socioculturales y de protección. Para la Unión Europea la lucha contra la pobreza sólo avanzará si se otorga idéntica importancia a la inversión en las personas (fundamentalmente en salud, educación), a la protección de los recursos naturales (bosques, agua, recursos marinos, tierras) para preservar los medios de vida rural y a la inversión en la creación de riqueza (incidiendo especialmente en aspectos como el espíritu empresarial, la creación de empleo, el acceso a créditos, los derechos de propiedad y las infraestructuras), subrayando que el empoderamiento de la mujer es clave en todo el desarrollo y que la igualdad de género debe ser parte esencial de toda estrategia política.
Junto a la erradicación de la pobreza, el objetivo general del PACODE alude a la contribución de la cooperación andaluza a la promoción del desarrollo humano sostenible, entendido éste, de conformidad con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como un proceso destinado a ampliar las oportunidades del individuo de disfrutar de una vida prolongada y saludable (aumento de la esperanza de vida), de adquirir conocimientos (acceso a la educación) y de disfrutar de un nivel de vida decente (mayor renta per cápita).
El concepto de desarrollo humano incluye, además, la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, el respeto a sí mismo y a los demás, y la garantía de los derechos humanos.
En este sentido el PACODE participa del concepto incluido en el Informe de Desarrollo Humano del año 1990, según el cual «el desarrollo humano abarca dos aspectos: La formación de capacidades humanas -tales como un buen estado de salud, conocimientos y destrezas- y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y políticas». Esta definición del desarrollo humano permite captar mejor la complejidad de la vida, las preocupaciones de los individuos y las numerosas diferencias culturales, económicas, sociales y políticas existentes entre los pueblos de todo el mundo.
En coherencia con este concepto, y de conformidad con lo propugnado por la Ley, el modelo andaluz de cooperación para el desarrollo definido en el PACODE deberá contribuir a generar procesos que promuevan un desarrollo humano sostenible, generando cambios de mentalidad y modificaciones significativas en las estructuras existentes que permitan ir creando espacios y condiciones de libertad a los hombres y mujeres de los países menos desarrollados, para que puedan ir ampliando y disfrutando de sus capacidades individuales y colectivas.
Para contribuir a alcanzar este objetivo general, al PACODE le corresponde configurar y consolidar un modelo de cooperación internacional para el desarrollo desde Andalucía, partiendo para ello de los recursos y capacidades con los que cuenta la región, de su experiencia previa en cooperación internacional y en políticas de desarrollo y del actual marco nacional e internacional de la cooperación.
El PACODE se constituye como el elemento básico de planificación de la Política andaluza de cooperación para el desarrollo, por lo que le corresponde definir los objetivos específicos y las líneas prioritarias de actuación que articularán el modelo de cooperación. Además, en cumplimiento de lo propugnado en la Ley 14/2003, en el PACODE se establecen los principios operativos y prioridades horizontales que orientarán a los actores de la cooperación andaluza durante su período de vigencia. Así mismo, recoge los sectores prioritarios que enmarcarán la intervención en aquellas zonas geográficas consideradas preferentes. Este es el esquema de planificación que se desarrolla en los capítulos siguientes.
PRINCIPIOS OPERATIVOS Los principios operativos del PACODE deben ser entendidos como bases para la acción de la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo. Toman como referente la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y los Principios Rectores de la Ley andaluza, respondiendo así a la consolidación de un sistema de cooperación andaluza sólido e integrado en el contexto nacional e internacional.
Estos principios se conciben como los criterios que deben orientar, de manera operativa, el sistema andaluz de cooperación para el desarrollo, por lo que se exigirá su observancia y cumplimiento por los distintos agentes de cooperación en la formulación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones en materia de cooperación.
Los principios operativos son los siguientes: alineación, apropiación, gestión orientada a resultados y coordinación y complementariedad entre los distintos agentes.
Apropiación La ayuda andaluza contribuirá a reforzar el proceso de consolidación de políticas públicas de los países receptores y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Así, las actuaciones de cooperación no pueden responder a una programación de desarrollo en la que no participen los actores locales, sino que se deberá observar la implicación y el liderazgo de las administraciones y de la sociedad civil del país en la elaboración de las estrategias de desarrollo y en la cofinanciación de las intervenciones por parte de las administraciones y grupos beneficiarios. Esa implicación de los socios garantizará la consecución de los objetivos previstos.
Alineación La cooperación andaluza centrará su actuación en la promoción de procesos de desarrollo coherentes con las estrategias e instrumentos de planificación de los países receptores, reflejando de este modo el compromiso de enmarcar su ayuda en las estrategias de desarrollo de los países socios. Para ello, la cooperación andaluza se incardinará en las respectivas Estrategias de Reducción de la Pobreza o en otros instrumentos de planificación para el desarrollo elaborados por las administraciones de los países receptores de la ayuda.
De este modo, concentrará sus esfuerzos en consolidar políticas de desarrollo coherentes e integradoras que promuevan procesos de cambio destinados a la mejora de las condiciones de vida de la población en el plano económico, político, social, cultural y ambiental. Para ello pondrá a disposición de las sociedades y administraciones de esos países, la experiencia de desarrollo de una Comunidad Autónoma como la andaluza. No se trata de exportar modelos sino de compartir procesos y experiencias.
Gestión orientada a resultados Las actuaciones de la cooperación andaluza perseguirán el mayor impacto posible en los países receptores. Para ello, resulta imprescindible trabajar desde un modelo que permita apreciar los resultados y sus causas, lo que conlleva acometer un proceso de transformación de los modelos de planificación y gestión de las intervenciones de cooperación, basadas normalmente en la asignación de recursos y en la programación de actividades.
La consecución de los resultados y objetivos de desarrollo será uno de los criterios de base para la valoración de la eficacia de los fondos destinados a la cooperación. Para ello se instaurará un modelo de seguimiento y evaluación específico, que con una orientación hacia el análisis de los resultados no obvie la valoración de los procesos emprendidos para su logro.
Se sustituye así al enfoque tradicional que mide la eficacia de la ayuda basándose en el número de proyectos y en el nivel de gasto realizado.
Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes Corresponde a la Administración autonómica la dirección y la planificación de la cooperación para el desarrollo, pero de una forma concertada con todos los agentes de cooperación que juegan o han jugado un trascendente papel en la evolución socioeconómica reciente de Andalucía.
El PACODE se configura como el elemento integrador de esta cooperación andaluza, consensuada y coordinada, en el sentido de que sirva de referencia a los distintos agentes que operen desde la Comunidad Autónoma, buscando la complementariedad entre sus actuaciones y la generación de sinergias que permitan aumentar el impacto y la calidad de la ayuda andaluza.
Este consenso, coordinación y complementariedad exige la existencia, tanto en Andalucía como en los terceros países, de sólidos y permanentes instrumentos de interlocución entre la administración, la sociedad civil y sus organizaciones, que posibiliten su participación e implicación en las distintas fases de la política de cooperación.
Además de la coordinación de los agentes que operan desde Andalucía, la cooperación andaluza apuesta por la coordinación y complementariedad de las actuaciones con la cooperación española, especialmente en el marco del Plan Director, de las Estrategias-País y de las Estrategias Sectoriales.
Por otra parte, los Programas Operativos que se elaboren preverán la incardinación de la cooperación andaluza en programas de organismos internacionales (Unión Europea, Agencias de Naciones Unidas, Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, Secretaría General Iberoamericana, entre otros).
PRIORIDADES HORIZONTALES Las prioridades horizontales establecidas por el Plan recogen aquellos aspectos que deben ser observados en cada una de las actuaciones de la cooperación andaluza. La atención a estas prioridades deberá estar presente, por lo tanto, en la planificación, gestión, ejecución y evaluación de todas las intervenciones de la cooperación para el desarrollo apoyadas por la Junta de Andalucía.
De acuerdo a lo previsto en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, el PACODE establece cuatro prioridades horizontales y una estrategia para garantizar su consideración en las distintas fases de la cooperación.
La equidad de género El artículo 2.1.b) de la Ley 14/2003 establece el derecho a la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza, cultura o religión entre los principios rectores de la política de cooperación internacional para el desarrollo. Por su parte, en el artículo 5 se señala la atención a la igualdad de género, entre los criterios que permiten verificar la pertinencia de las intervenciones de la cooperación andaluza que se ejecuten.
En función de lo anterior y partiendo del marco español e internacional, se considera una prioridad horizontal de la cooperación andaluza la integración de la perspectiva de género, que ha de ser considerada en todas las actuaciones que se desarrollen.
La perspectiva de género en la cooperación ha tenido una transformación importante en los últimos 50 años. La lucha a favor de la igualdad entre los géneros era muy incipiente cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945. En el Preámbulo de la Carta Fundacional sus redactores incluyeron «la fe» de los pueblos de las Naciones Unidas en «los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres». Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en su artículo 2 que «Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, racionalidad o cualquier otra condición».
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966, establece en su artículo 3 que los «Estados partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto».
Durante los primeros decenios, la labor de las Naciones Unidas en materia de género se centró en la codificación de los derechos de la mujer. En el año 1979, se aprueba la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), de carácter vinculante para aquellos países que la ratificaran.
En ella se establece, en primer lugar, la necesidad de que los Estados firmantes del mismo consagren en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incluyendo medidas legales y judiciales para asegurar su aplicación y adopten medidas en las esferas política, económica, cultural y social para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, incluyendo la discriminación positiva. En segundo lugar, el texto aprobado en la Convención hace una relación de medidas específicas que los Estados deben adoptar para eliminar la discriminación en la vida política y pública, en la educación, en el empleo y en otras áreas de las esferas civil, económica y social. La Convención hace una mención especial a la mujer rural y a la necesidad de tomar en consideración los problemas especiales a los que ella hace frente y al papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia y, por tanto, a adoptar medidas específicas al efecto.
Asimismo, la ONU promovió la convocatoria de Cumbres Mundiales destinadas a generar un proceso tendente a reconocer el papel de la mujer en el desarrollo y a demandar su implicación en la formulación, ejecución y evaluación del mismo.
El ciclo de las Cumbres Mundiales sobre la Mujer se inició en Méjico en el año 1975, coincidiendo con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985), continuó en Copenhague, en el año 1980, siguió en Nairobi en el año 1985 y culminó con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995. Las conclusiones de esta Conferencia suponen un salto cualitativo en el enfoque de género y reconoce la necesidad de trasladar el centro de atención de la mujer, que hasta entonces era el referente, al concepto de género. En este sentido, reconoce que toda la estructura de la sociedad y las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa estructura tenían que ser reevaluadas, porque únicamente desde esa reconsideración se podría potenciar plenamente el papel de la mujer para que ocupara el lugar que le corresponde como participante, en pie de igualdad con el hombre, en todos los aspectos de la vida.
Este cambio representó la ratificación de que los derechos de la mujer eran derechos humanos y que la igualdad entre los géneros era una cuestión de interés universal y de beneficio para todos.
La Conferencia aprobó una Declaración y estableció una Plataforma de Acción que constituye todo un programa para la potenciación del papel de la mujer en el siglo XXI, centrándose en 12 ámbitos de especial atención que marcan la relación entre la mujer y la pobreza, la educación, su capacitación, la salud, la violencia de género, los conflictos armados, la economía, su participación en el poder y en la adopción de decisio- nes, los mecanismos institucionales, los derechos humanos, los medios de comunicación, el medio ambiente y la niña.
En la última fase de las Cumbres Mundiales sobre la mujer se han celebrado reuniones sobre otros asuntos relacionados con la adopción del enfoque de género para la consecución del desarrollo sostenible. Se trata de la Cumbre sobre la Tierra de Río de Janeiro (1992), la Cumbre de los Derechos Humanos de Viena (1993) y la Cumbre de Población y Desarrollo de El Cairo (1994).
En el mismo marco de las Naciones Unidas, la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 3 «Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres». Para la consecución de dicho objetivo, la Declaración define la Meta 4: «Eliminar la disparidad de género en educación primaria y secundaria preferentemente para el año 2005 y en todos los niveles de la educación antes del fin del año 2015». Asimismo, de forma global, establece el enfoque de género para la consecución de los ODM al acordar la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y para estimular un desarrollo verdaderamente sostenible.
La Unión Europea ha recogido en diversos documentos de referencia para su política de cooperación la incorporación de la perspectiva de género. En concreto, el Consenso Europeo sobre Desarrollo recoge, entre los principios comunes de la cooperación de la Comunidad Europea y la de los Estados miembros, el de la igualdad de género como derecho humano fundamental y una cuestión de justicia social. En consonancia, establece que la Unión incluirá un fuerte componente de género en todas sus políticas y prácticas en sus relaciones con los países en desarrollo. El carácter transversal de la igualdad de género en la cooperación europea se recoge igualmente en el Reglamento por el que se establece un instrumento de financiación de la Cooperación al Desarrollo (Reglamento 1905/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006).
A lo largo de la aprobación de los diferentes instrumentos anteriormente referidos, la consideración de la mujer en la cooperación para el desarrollo ha tenido un giro importante pasando de la consideración del enfoque de Mujer en el Desarrollo (MED) al Enfoque de Género en el Desarrollo (GED). El enfoque GED parte de un análisis de los intereses estratégicos de género identificados por las mujeres a partir de su situación de subordinación social para determinar los instrumentos para su integración en la sociedad en condiciones de equidad y en pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanas.
La inclusión de la perspectiva de género en el Plan exigirá un proceso de valoración continua de los diferentes efectos que generan en los hombres y en las mujeres todas y cada una de las intervenciones que se prevean ejecutar en el marco de la cooperación. De esta forma se garantizará que los intereses estratégicos de las mujeres son tenidos en cuenta en las distintas fases de la gestión de la cooperación -planificación, ejecución, seguimiento y evaluación- y, en consecuencia, asegurar que ellas se benefician de su implementación en los distintos ámbitos. Se pretende, en definitiva, vincular el desarrollo con la promoción de relaciones equitativas y la eliminación de toda discriminación por razón de sexo.
La protección del medio ambiente y su gestión sostenible El artículo 2.1.c) de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, establece entre los principios rectores de la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo, la promoción de un desarrollo humano integral, participativo, sostenible y respetuoso con la protección del medio ambiente. Además, el artículo 3 de la referida Ley prevé que la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo pretende, entre otros objetivos, fomentar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente que propicie un uso racional y sostenible de los recursos naturales de los países destinatarios.
Asimismo, su artículo 5 establece, entre los criterios que permiten verificar la pertinencia de las intervenciones que se ejecuten, la atención otorgada al respeto por la protección y la salvaguarda del medio ambiente.
En función de lo anterior y partiendo del marco español e internacional en materia de sostenibilidad y desarrollo, se considera una prioridad horizontal de la cooperación andaluza la protección del medio ambiente y su gestión sostenible, por lo que ha de ser considerada en todas las actividades que se desarrollen.
El medio ambiente se convirtió en una cuestión de importancia internacional en 1972, cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Cuando en 1983 las Naciones Unidas crearon la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo era evidente que la protección del medio ambiente iba a convertirse en una cuestión de supervivencia para todos. La Comisión, presidida por Gro Harlem Brundtland, elaboró un informe que sirvió de base para que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).
La Conferencia, conocida como Cumbre para la Tierra, se celebró en Río de Janeiro en junio de 1992. Los objetivos fundamentales de la Cumbre eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. Entre los principios que presidieron esta Cumbre destacan los siguientes: Las responsabilidades deben ser comunes pero diferenciadas; la promoción de la integración de los tres componentes del desarrollo sostenible -el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente-; la erradicación de la pobreza; la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo; y la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social.
En Río se aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados; y una Declaración de Principios relativos a los Bosques. Además, se abrieron para su firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones para una Convención de lucha contra la desertificación que entró en vigor en diciembre de 1996.
El Programa 21 tenía por objeto preparar al mundo para los retos del siglo XXI e incluye propuestas concretas sobre cuestiones sociales y económicas, como la lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de producción y de consumo, la dinámica demográfica, la conservación y ordenación de los recursos naturales, la protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad biológica, la prevención de la deforestación y el fomento de la agricultura sostenible. Por otra parte, en el Programa 21 se recomiendan formas de fortalecer el papel de los colectivos clave para la promoción del desarrollo sostenible: Las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños, los jóvenes, las poblaciones indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, el comercio, la industria y las organizaciones no gubernamentales.
En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se definen los derechos y las obligaciones de los Estados e incluye que la incertidumbre en el ámbito científico no ha de demorar la adopción de medidas de protección del medio ambiente; que los Estados tienen el «derecho soberano de aprovechar sus propios recursos», pero sin causar daños al medio ambiente de otros Estados; que la eliminación de la pobreza y la reducción de las disparidades en los niveles de vida son indispensables para el desarrollo sostenible y que la plena participación de la mujer es imprescindible para lograr el desarrollo sostenible.
La Declaración de los Principios para la Ordenación Sostenible de los Bosques, que no tiene fuerza jurídica obligatoria, constituyó el «primer consenso mundial» sobre la materia. En la Declaración se dispone, fundamentalmente, que todos los países, en especial los países desarrollados, deberían esforzarse por reverdecer la Tierra mediante la reforestación y la conservación forestal; asimismo los Estados tienen derecho a explotar sus bosques conforme a sus necesidades socioeconómicas y que deben aportarse a los países en desarrollo recursos financieros destinados a establecer programas de conservación forestal con miras a promover una política económica y social de sustitución.
En el año 2002, se celebró en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que aprobó un Plan de Aplicación de las Decisiones adoptadas con el objetivo de complementar los avances producidos desde 1992 y acelerar el cumplimiento de las metas restantes.
Por último, la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 7 «Asegurar la sostenibilidad medioambiental».
La transversalidad de la protección del medio ambiente y ordenación de los recursos en el PACODE exigirá, al igual que la perspectiva de género, un proceso de valoración continua de los diferentes efectos que generan las distintas intervenciones en el contexto en que se planifiquen y ejecuten, así como la adopción de las medidas necesarias para su consideración y, en su caso, amortiguación. Se deberán aplicar criterios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático en todas las intervenciones previstas en el Plan; hay que tener en cuenta que las intervenciones deben seguir criterios de ahorro y eficiencia energética y utilizar, siempre que sea posible, energías renovables (solar, eólica, biomasa). En todas las intervenciones se debe promover un desarrollo sostenible que asegure la conservación y permanencia de los recursos naturales para las generaciones futuras.
El fomento de la diversidad cultural El artículo 2.1.d) de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, establece, entre los principios rectores de la política de cooperación internacional para el desarrollo, el respeto de los modelos de desarrollo social y económico de otros pueblos y de sus particularidades culturales.
En función de lo anterior y partiendo del marco español e internacional en materia de cultura y desarrollo, se considera una prioridad horizontal de la cooperación andaluza el respeto por la diversidad cultural. En este sentido, ha de ser considerada en todas las manifestaciones de esta política en los términos que a continuación se desarrollan.
La Declaración de Méjico sobre las Políticas Culturales, adoptada en la Conferencia Mundial de agosto de 1982, pone de manifiesto que el crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales de la persona y que el verdadero desarrollo persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos. En este sentido, declara que sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo y que, en consecuencia, tales estrategias deberían tener en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad. Para ello parte de un concepto amplio de cultura que fue posteriormente reafirmado en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, de Estocolmo de 1998, como «el total de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza a una sociedad o grupo social y que engloba también a las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias».
En 1991, la Conferencia General de la UNESCO decidió crear la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo para preparar un informe mundial sobre esta materia y realizar propuestas a fin de atender las necesidades culturales en el contexto del desarrollo. Dicho informe se tituló «Nuestra Diversidad Creativa». En el prólogo al informe, Javier Pérez de Cuéllar, entonces Presidente de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, subraya que las iniciativas de desarrollo han fracasado con frecuencia porque en muchos proyectos se habían subestimado la importancia del factor humano, la compleja trama de relaciones y creencias, los valores y las motivaciones que constituyen el corazón de la cultura.
Este documento plantea que la cultura no debe considerarse como un mero instrumento del desarrollo sino como el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en su sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud. Por ello invierte la concepción tradicional del carácter instrumental de la cultura al servicio del desarrollo y establece que estamos abocados a concebir el desarrollo en términos que incluyan el crecimiento cultural.
El Informe sobre Desarrollo Humano del año 2004, dedicado a «La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy», manifiesta que el valor de la diversidad cultural radica en su frecuente conexión positiva con la libertad cultural y que sería decididamente perverso invocar el valor fortuito de la diversidad cultural para defender prácticas tradicionales que niegan derechos fundamentales, en la mayoría de los casos de las mujeres. Para evaluar las demandas de inclusión social y los méritos de la diversidad cultural, el Informe apela a la consideración de los conceptos básicos de libertad y equidad.
En este marco adquiere particular importancia la situación de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos. El Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT reconoce el derecho de estos pueblos a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y que dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacionales y regionales que les afecten.
En este mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, constituye la plasmación de una reivindicación histórica de más de 370 millones de personas que conforman las más de 5.000 comunidades indígenas existentes en el mundo. En su artículo 1, establece que «los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos». De forma más concreta, el artículo 3 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, mientras que a lo largo del articulado se reconocen otros derechos con especial incidencia en el ámbito cultural: practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales; manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y acceder a ellos privadamente; revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistema de escritura y literaturas; mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas.
Por todo lo anterior, el PACODE considera el fomento de la diversidad cultural como una prioridad horizontal que ha de ser considerada de forma determinante en el diseño e implementación de la cooperación andaluza, inscribiendo esta diversidad dentro de los límites de la equidad que la libertad cultural exige. Asimismo, se debe tener en cuenta la singularidad de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos. En todas las fases del ciclo de cooperación se considerarán los elementos básicos y singulares de los pueblos indígenas y las comunidades de los países receptores tales como su lengua, sus valores, su identidad, su concepto de la tierra, su cosmovisión o su régimen jurídico y organizativo.
El fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad civil El artículo 3.b) de la Ley 14/2003, establece, entre los objetivos de la política andaluza de cooperación internacional, «contribuir a la consolidación de la democracia, del Estado de Derecho, al fortalecimiento institucional y a la descentralización político-administrativa en los países destinatarios de la ayuda, como instrumento para la resolución de las necesidades de la población y, de esta forma, favorecer la redistribución de la riqueza, la justicia social y la paz, así como la extensión de la educación y la cultura a toda la población». Por su parte, en el artículo 5 de la referida Ley figura, entre los criterios que permiten verificar la pertinencia de las intervenciones que se ejecuten, el fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión de los países destinatarios.
En función de lo anterior y partiendo del marco español e internacional en esta materia, se considera una prioridad horizontal de la cooperación andaluza y, en este sentido, el fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad ha de ser considerado en todas las actuaciones que se desarrollen.
En la Exposición de Motivos de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, se reconoce que es necesario respaldar el esfuerzo que realizan los países socios reforzando sus gobiernos y mejorando el desempeño del desarrollo. Asimismo, se adoptan los referidos Principios de Apropiación, Alineación, Armonización, Gestión Orientada a Resultados y Mutua Responsabilidad.
Para poner en práctica estos Compromisos se subraya la importancia de reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios y sus marcos operativos; actuar sobre las debilidades en las capacidades institucionales de los países para desarrollar e implementar estrategias de desarrollo nacional orientadas a resultados; el apoyo a los países socios para ejercer su liderazgo desarrollando e implementando sus propias estrategias de desarrollo por medio de amplios procesos consultivos y la importancia de traducir estas estrategias de desarrollo nacional en programas operativos, priorizados y orientados a los resultados. Asimismo, se subraya la importancia de realizar progresos para crear instituciones y establecer estructuras de gobierno que brinden seguridad y protección pública y acceso a los servicios sociales básicos para los ciudadanos y la buena gobernabilidad.
En este contexto, constituye una prioridad transversal del PACODE el apoyo a las administraciones de los países receptores y a la consolidación de políticas públicas para garantizar a la ciudadanía unos derechos sociales, políticos y económicos.
Una de las condiciones de un desarrollo sostenible es que sea participativo, compartido por la sociedad y las instituciones y asociaciones que la representan. Asimismo, es una condición que las organizaciones e instituciones sean interlocutores eficaces y con credibilidad ante las administraciones; para ello, es necesario que estén organizados, estructurados, sean representativos y tengan capacidad de acuerdo y consenso.
Por lo tanto el apoyo de la cooperación andaluza debe realizarse, por una parte, a través del fortalecimiento de capacidades en los distintos niveles de la administración: nacional, regional y local y traducirse en la implementación de las distintas políticas y en la capacitación y formación de sus recursos humanos; y por otra parte, a través del fortalecimiento institucional de las universidades y de las organizaciones sindícales y empresariales, y de la promoción de la incidencia de las ONGDs, que son actores que contribuyen decisivamente al desarrollo de los países.
Estrategia para garantizar la consideración de las prioridades horizontales en las distintas fases de la cooperación Para asegurar la inclusión de las prioridades horizontales en todas las actuaciones de la cooperación andaluza, el PACODE establece los siguientes mecanismos: - La consideración de las prioridades horizontales en la elaboración de los distintos documentos de planificación de la cooperación andaluza, especialmente en los Programas Operativos y en los Planes Anuales.
- La definición y aplicación de un sistema de seguimiento y evaluación específico que promueva, verifique y valore la consideración de las prioridades horizontales en las distintas fases del ciclo de cooperación. Deberá incluir los siguientes elementos: • Definición de un sistema de datos desagregados para cada prioridad horizontal.
• Definición de la estructura del diagnóstico previo a las intervenciones, de forma que se incluya el análisis de la situación de partida de las diferentes prioridades horizontales en la realidad sobre la que se pretende actuar, y se puedan proponer medidas destinadas a garantizar su consideración durante la fase de ejecución.
• Definición de un mecanismo de seguimiento y evaluación con indicadores específicos para cada prioridad horizontal que permita medir y valorar los efectos de la cooperación andaluza sobre la situación de partida.
- La incorporación de las prioridades horizontales en el sistema de aplicación de los criterios de base para valorar la pertinencia de los programas y proyectos de cooperación en las distintas convocatorias o convenios de colaboración.
- La formación, sensibilización y difusión de las prioridades horizontales entre los distintos agentes de cooperación para el desarrollo.
- La creación y progresivo fortalecimiento de departamentos específicos para cada prioridad (equidad de género, medio ambiente, diversidad cultural y fortalecimiento institucional) dentro de la Agencia, así como la formación continua y especializada de los técnicos de la Administración andaluza sobre las prioridades horizontales.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN El PACODE establece cinco objetivos específicos dirigidos al cumplimiento de su objetivo general: 1. Generar procesos de desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza.
2. Consolidar la Acción Humanitaria andaluza.
3. Fortalecer la Educación para el Desarrollo de la población andaluza.
4. Mejorar el ciclo de la cooperación andaluza.
5. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación internacional y apoyar sus intervenciones.
A partir de cada uno de estos objetivos, el Plan establece las líneas prioritarias y las medidas que orientarán las actuaciones de los agentes que operan desde Andalucía. Todos ellos se deberán desarrollar y ejecutar en concordancia con los principios operativos que definen las bases para la acción de la cooperación andaluza y con las prioridades horizontales, que deberán integrarse de forma transversal en todas las intervenciones a realizar durante el período de vigencia del PACODE.
Los objetivos primero y segundo hacen referencia a la ordenación de las actuaciones que se ejecutan en los países receptores de la ayuda y van dirigidas de forma directa a apoyar sus estrategias. De acuerdo con la filosofía de la cooperación andaluza, el logro de estos principios se alcanzará conforme a criterios de concentración sectorial y geográfica de las actuaciones en aquellos ámbitos de actuación y territorios en los que la ayuda de la Comunidad Autónoma tenga un mayor impacto.
El tercer objetivo deberá desarrollarse en concordancia con los dos primeros y pretende un impacto directo sobre la población andaluza ampliando el conocimiento y el compromiso de ésta con la situación de los países en vías de desarrollo.
Los objetivos cuarto y quinto están directamente vinculados a la configuración y consolidación de un modelo de cooperación andaluza integrado, coordinado y abierto a la participación de todos los agentes andaluces. Este modelo, inspirado en los principios operativos del Plan, debe ser capaz de responder con la máxima eficacia a la consecución del objetivo general del PACODE desde la posición particular y específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, optimizando para ello el aprovechamiento de sus recursos y capacidades.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA Resultado esperado: «Se habrá contribuido a reducir la pobreza en los países y a promover un desarrollo humano sostenible en los países receptores de ayuda de la cooperación andaluza, concentrando las actuaciones en las zonas geográficas y las líneas sectoriales establecidas en este Plan» La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, establece dos tipos de prioridades para mejorar la asignación de la ayuda y concentrar las actuaciones de la cooperación andaluza allí donde tengan un mayor impacto sobre los objetivos de desarrollo, las geográficas y las sectoriales.
De esta forma, la cooperación andaluza dedica especial atención a determinados países en desarrollo, y dentro de éstos, a los sectores más desfavorecidos. A su vez, las actuaciones programadas para cada país se concentrarán y agruparán alrededor de líneas prioritarias sectoriales.
La concentración de la ayuda en áreas geográficas y sectores prioritarios permitirá llegar a los grupos de población más vulnerables y afectados por la pobreza y facilitará, además, el establecimiento de relaciones duraderas con las administraciones y la sociedad civil locales, así como con otras agencias donantes que operen en el territorio, dotando a las actuaciones de una continuidad y propiciando una ayuda consistente y de mayor impacto.
La definición de las prioridades geográficas y líneas prioritarias sectoriales se ha realizado de acuerdo a la experiencia y capacidades del sistema de ayuda andaluz, y conforme a las establecidas en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 y a la Agenda Internacional de Desarrollo. La relación de prioridades que se presenta en el PACODE no debe entenderse como única y exclusiva, está abierta a otros países de las áreas prioritarias contempladas en la Ley y a prioridades sectoriales derivadas de nuevos compromisos nacionales o internacionales de desarrollo.
Prioridades geográficas Las prioridades geográficas se definen en consonancia con lo contemplado en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se concentra en tres grandes áreas de actuación: Iberoamérica, Norte de África y Oriente Medio y África Subsahariana. En el marco de estas tres grandes áreas en los países y zonas, que a continuación se detallan, se concentrará la mayor parte de los recursos de la cooperación andaluza. Para su determinación se ha tenido en cuenta su Índice de Desarrollo Humano (IDH), con atención al volumen de población en situación de pobreza, la presencia tradicional de la cooperación andaluza (Administración autonómica, ONGDs, administración municipal, universidades y agentes sociales y económicos), así como la complementariedad de acciones con la cooperación española.
Las prioridades geográficas de la cooperación andaluza que establece el Plan se organizan en cuatro niveles: países prioritarios, enfoque regional, enfoque continental y cooperación Sur-Sur: Países prioritarios Los países prioritarios, que concentrarán la mayor parte de los recursos de la cooperación andaluza bilateral, son los siguientes: Iberoamérica: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Paraguay.
Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos.
África Subsahariana: Malí, Senegal, Guinea Bissau, Burkina Fasso, Togo, República Democrática del Congo y Mozambique.
Enfoque regional Además de la cooperación bilateral con cada uno de los países prioritarios reseñados, la cooperación andaluza apoyará los procesos de integración regional que se están produciendo en algunas de las anteriores áreas geográficas prioritarias. Asimismo, serán apoyadas acciones que pueden tener un ámbito de actuación que sobrepase las fronteras de un país con objeto de alcanzar un mayor impacto, pudiendo ser el caso de intervenciones transfronterizas o que engloben a partir de un sector a una serie de países.
Integración Centroamericana Los procesos de integración priorizan la dimensión económica, estableciendo zonas de libre comercio que pueden continuar con la implantación de un mercado común. El Plan pretende potenciar la dimensión social del proceso de integración centroamericana. A este efecto, la Junta de Andalucía ha firmado un Memorándum de Entendimiento con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que contiene seis ejes prioritarios de actuación, que inciden en dicha dimensión social y que son los siguientes: promoción de la idea centroamericana; igualdad de oportunidades; infancia y juventud; desarrollo rural; pueblos indígenas y grupos étnicos y municipalismo.
El apoyo a este proceso complementará la intervención bilateral, realizando actuaciones que tengan una incidencia en cada uno de los países y dotándolas de un alcance regional.
Cooperación transfronteriza Mediante programas trasnacionales que aborden el hecho transfronterizo, con objeto de dar una continuidad a las intervenciones más allá de la realidad de las fronteras.
Actuaciones sectoriales regionales Apoyo a actuaciones sectoriales vinculadas a programas de la cooperación española, de organismos multilaterales o de iniciativa de la cooperación andaluza. Se trata de intervenciones vinculadas con la salud, la educación, el medio ambiente, seguridad alimentaria, gestión integral del riesgo, acceso al agua potable, ordenación del territorio o situación de los pueblos indígenas. Ejemplos de ello pueden ser la actuación en el África Subsahariana, en Iberoamérica, mediante el apoyo a la Organización Panamericana de Salud (OPS) o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en intervenciones que tengan un ámbito regional, y el Mediterráneo, mediante la participación en la Nueva Política de Vecindad de la Unión Europea.
Enfoque continental Las Cumbres Iberoamericanas y las Cumbres de la Unión Africana están teniendo un compromiso cada vez mayor con el desarrollo conjunto y armonioso de sus países miembros.
Asimismo, están adoptando resoluciones que inciden en el hecho de abordar conjuntamente cuestiones que afectan a sus respectivas poblaciones y que están íntimamente relacionadas con las prioridades sectoriales contenidas en el PACODE.
El enfoque continental geográfico consistirá en el apoyo sectorial a intervenciones que tengan incidencia en el conjunto del continente iberoamericano y africano.
Cooperación Sur-Sur La Cooperación Sur- Sur se define como la cooperación que otorgan los países en vías de desarrollo o medianamente desarrollados a otros países que se encuentran en procesos similares de desarrollo y representa importantes esfuerzos entre estos países para buscar un desarrollo recíproco a través de la cooperación regional u horizontal.
Los objetivos de la Cooperación Sur-Sur son fomentar la solidaridad entre los países en desarrollo y permitir a los países receptores beneficiarse de las potencialidades, el conocimiento y la experiencia de otros países en desarrollo, donde los especialistas a menudo conocen mejor la realidad económica, cultural y social del desarrollo en un contexto de inseguridad alimentaria y pobreza.
Una de las potencialidades de la iniciativa Sur-Sur es la reducción de costos que implica el sumar esfuerzos de los distintas partes implicadas: el país cooperante, el que recibe la ayuda, y las donaciones de terceras partes. Además de la importancia del intercambio técnico, la Cooperación Sur-Sur contribuye a crear un clima de responsabilidad compartida y de solidaridad entre los países en desarrollo.
En las tres áreas geográficas de intervención de la política andaluza de cooperación internacional la diferencia entre niveles de desarrollo de los países es evidente. Algunos de estos países, a pesar de su nivel de desarrollo, pueden haber tenido una serie de ventajas comparativas en determinados sectores.
Con la cooperación Sur-Sur se trata de favorecer las relaciones de cooperación entre países para abordar conjuntamente estrategias de desarrollo. La actuación en este apartado se concentraría en determinados sectores, en los que es posible aprovechar la experiencia adquirida por determinados países para realizar intervenciones en vecinos que tienen un menor índice de desarrollo.
Líneas prioritarias sectoriales El PACODE agrupa en ocho líneas prioritarias sectoriales las medidas que ejecutarán los agentes de la cooperación andaluza y las contrapartes locales para apoyar las estrategias de desarrollo de los países receptores de la ayuda. Estas líneas se corresponden con las prioridades sectoriales contempladas en el artículo 4.º de la Ley 14/2003.
La definición de estas líneas prioritarias se ha realizado de acuerdo con el Plan Director de la Cooperación Española, el consenso internacional sobre los ámbitos fundamentales para promover el desarrollo y superar la pobreza y con la propia experiencia de los agentes andaluces, tanto en cooperación, como en intervenciones que hayan desarrollado en la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con este planteamiento, la presentación de cada una de las líneas prioritarias sectoriales que se expone a continuación, contiene una contextualización basada en los principales acuerdos internacionales sobre cada sector que constituye una guía para la acción que orientará a los agentes andaluces que operen en cada sector.
Finalmente, en el nivel más operativo del PACODE, para cada línea prioritaria se proponen medidas que contribuyen al desarrollo del sector y que serán promovidas y apoyadas por la cooperación andaluza.
Línea prioritaria 1: Servicios sociales básicos La educación básica La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a la educación. Las Conferencias Mundiales de la Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990 y Dakar, Senegal, 2000) plantearon la necesidad de «una visión ampliada de la educación básica», que englobe los siguientes objetivos: - Universalizar el acceso a la educación y su finalización y fomentar la equidad. La educación debe proporcionarse a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, trabajando en los grupos más vulnerables: pobres, niños de la calle, niños que trabajan en poblaciones remotas y rurales, nómadas, migrantes, población indígena, minorías étnicas, raciales y lingüísticas, refugiados, desplazados por guerra y pueblos sometidos a ocupación.
- Promover la equidad de género en el acceso y finalización de la educación, suprimiendo las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad.
- Concentrar los esfuerzos en la adquisición y resultados del aprendizaje.
- Ampliar los medios y alcance de la educación básica, abarcando las fases de la educación infantil, trabajando con la familia, la comunidad o las instituciones; adecuándola a la cultura, las necesidades (con programas de alfabetización, programas de capacitación técnica, aprendizaje de oficios, educación formal o no formal) y las posibilidades de la comunidad (además de la escuela tradicional, mediante bibliotecas, televisión, radio, las tecnologías de la información y las comunicaciones, etc).
- Fomentar la Educación de calidad, mejorando todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, matemáticas y competencias prácticas esenciales.
- Mejorar las condiciones del aprendizaje. Los niños y niñas que reciban educación deben también recibir nutrición, cuidados médicos y apoyo físico y afectivo en general.
- Desarrollar el aprendizaje en los jóvenes.
- Fomentar la alfabetización y la educación básica y permanente en adultos.
- Fortalecer la concertación de acciones de las administraciones locales, regionales y nacionales, en los distintos sectores que puedan afectar a la educación, teniendo en cuenta el papel esencial de los profesores, administradores y demás personal de educación, las ONGDs, el sector privado, las comunidades locales, los grupos religiosos y la familia.
La Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio refuerza los anteriores fundamentos y establece como Objetivo 2, «Conseguir una educación primaria universal», y como Objetivo 3, «Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres». Para la consecución de ambos objetivos, la Declaración define las metas 3 («Conseguir, para el año 2015, que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza universal primaria») y 4 («Eliminar la disparidad de género en educación primaria y secundaria preferentemente antes de 2005, y en todos los niveles de educación, no más tardar de 2015»).
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá la ejecución, en entornos mayoritariamente locales, de medidas contenidas en la siguiente relación, partiendo de la consideración de la educación como factor de transformación social de actitudes y de cambio de normas sociales que perpetúen la discriminación y las desigualdades de género: - Apoyo a programas de construcción de escuelas cercanas, física y culturalmente a los destinatarios de sus servicios.
- Apoyo a programas de equipamiento de las escuelas con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de bibliotecas, instalaciones deportivas y para fines culturales.
- Apoyo al establecimiento de programas de becas de matrícula y gastos de estudios, según las necesidades del entorno, dirigidas a niños y niñas con especiales dificultades, que aseguren su matriculación y la finalización de los estudios en los distintos niveles.
- Promoción de la educación infantil para niños y niñas.
- Apoyo a programas de formación profesional y cualificación para jóvenes y adultos de ambos sexos que les permitan acceder al mercado de trabajo.
- Apoyo a programas de alfabetización de adultos de ambos sexos.
- Promoción de la interlocución entre la escuela, los padres de familia, la comunidad y los estudiantes para conocer las necesidades de la educación, prever los instrumentos necesarios para su cobertura, hacer un seguimiento y conocer los resultados.
- Promoción de la mejora del contenido, la calidad y/o pertinencia de los programas de estudios, incidiendo especialmente en la eliminación de la discriminación de género y las peculiaridades culturales.
- Apoyo a la mejora de la formación inicial y de la capacitación permanente del profesorado, y dotación de recursos a las redes de apoyo a la acción docente.
La salud primaria y reproductiva La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a la salud. La Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 4, «Reducir la mortalidad infantil», como Objetivo 5, «Mejorar la salud materna», y como Objetivo 6, «Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades».
Para la consecución de dichos objetivos, la Declaración define las metas 5, «Reducir en dos tercios entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad en menores de cinco años», 6, «Reducir en tres cuartos, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna», 7, «Detener y disminuir para el año 2015, el avance del VIH/SIDA», y 8, «Detener y disminuir para el año 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves».
Con anterioridad a la Declaración del Milenio, se celebró la Cumbre Mundial de la Salud que adoptó la Declaración de Alma-Atta, Salud para Todos, en 1978. Dicha Declaración recogía la importancia esencial de la atención primaria para alcanzar un nivel de salud que permita a la población llevar a cabo una vida productiva, desde el punto de vista social y económico.
El PACODE parte del concepto de la atención primaria de salud recogido en el punto VII de la Declaración Alma-Atta, en el sentido de abordar la educación sobre los problemas sanitarios más prevalentes, y los métodos para prevenirlos y controlarlos; asegurar el suministro de alimentación y de correcta nutrición; tener un adecuado suministro de agua potable y saneamiento básico; promover la asistencia materno-infantil, incluyendo la planificación familiar; inmunizar a la población contra las principales enfermedades infecciosas y prevenir y controlar las enfermedades endémicas locales.
Asimismo, el Plan incluye el concepto de atención primaria de salud que recoge el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994 en El Cairo, que incorpora la salud sexual y reproductiva y las garantías de los derechos de las mujeres, los hombres y los adolescentes a una buena salud sexual y reproductiva.
Este concepto ha sido asumido por la UE en las conclusiones del Consejo Europeo de 24 de mayo de 2005 y en el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a programas de construcción, o en su caso rehabilitación, y equipamiento de centros de atención primaria de salud o dispensarios en entornos rurales o urbanos pobres, incluyendo la formación de recursos humanos.
- Apoyo a programas de vacunación e inmunización.
- Apoyo a programas de asistencia infantil integrada, desde el nacimiento.
- Apoyo a programas de nutrición.
- Apoyo a programas de salud sexual reproductiva con actuaciones en educación sexual, planificación familiar, servicios de control prenatal, atención a la madre, partos sin riesgos, atención después del parto, atención médica en caso de interrupción del embarazo, tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, de las enfermedades de transmisión sexual y de otras afecciones de la salud reproductiva.
- Apoyo a programas de educación e información para la salud.
- Apoyo a programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades prevalentes en los servicios de atención primaria de salud.
- Apoyo al acceso de la población a los medicamentos esenciales para el combate de dichas enfermedades, principalmente para aquellos grupos más vulnerables y de menores posibilidades económicas.
- Apoyo a programas de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria y demás enfermedades transmisibles con actuaciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, acceso a medicamentos, apoyo psicológico, etc.
- Asistencia técnica, intercambio de experiencias y formación de recursos humanos en materia de gestión pública de salud con enfoque descentralizado.
- Apoyo a programas de especialización de profesionales sanitarios, que regularice la migración de estos profesionales de los países objeto de la cooperación andaluza hacia los países desarrollados por tiempo limitado.
- Apoyo a la creación de sistemas de información y vigilancia sanitarios adecuados.
- Apoyo a programas de aplicación de la salud intercultural y tradicional para mejorar el tratamiento de enfermedades en áreas rurales.
- Apoyo a programas de formación de operadores de salud, especialmente en el ámbito comunitario y de formación especializada.
- Apoyo a los gobiernos de los países en desarrollo para mejorar su capacidad institucional.
- Apoyo a programas de lucha contra la mutilación genital femenina.
- Apoyo a programas de salud mental.
La vivienda digna Desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el derecho a una vivienda digna se ha reconocido como uno de los componentes sustanciales del derecho a un nivel de vida adecuado.
La Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 7, «Asegurar la sostenibilidad medioambiental», y para su consecución establece la meta 11, «Conseguir para el año 2020, una mejora significativa en la vida de al menos 100 millones de personas que viven en chabolas».
Anteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en la ciudad de Estambul en el año 1996, abordó dos cuestiones esenciales a escala mundial: la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización. El Programa Hábitat II, aprobado en la Conferencia, establece el compromiso de los estados participantes por alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y sostenible, de manera que todos tengan una vivienda adecuada. Ello significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse; supone disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad de medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un coste razonable. La idoneidad de estos factores debe determinarse con las personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual.
Entre los objetivos para la consecución de este objetivo, el programa Hábitat II establece que los Estados se comprometen: a promover el acceso de todas las personas al agua potable, el saneamiento y otros servicios, instalaciones y comodidades básicas, especialmente de las personas que viven en la pobreza, las mujeres y los grupos vulnerables y desfavorecidos; a fomentar métodos y tecnologías de construcción que estén disponibles localmente y que sean apropiados, asequibles, seguros, eficientes e inocuos para el medio ambiente; a promover el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos locales y el ahorro de energía y la protección de la salud humana.
En cuanto al objetivo de la consecución de asentamientos humanos sostenibles, Hábitat II contempla promover asentamientos humanos socialmente integrados y accesibles que cuenten con los servicios apropiados de educación, salud, agua potable, saneamiento, desagües, eliminación de desechos; que combatan la segregación y exclusión; que integren en su ordenación y planificación la vivienda, el transporte, las oportunidades de empleo, las condiciones ambientales y los servicios comunitarios; que protejan y mantengan el patrimonio histórico, cultural y natural, en particular las modalidades tradicionales de habitación y asentamiento, según corresponda, de los pueblos indígenas y otros grupos, así como los paisajes y la flora y la fauna en los espacios abiertos y las zonas verdes y prevenir los desastres naturales y tomar medidas de emergencia, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo en los asentamientos humanos que se vean afectados por aquellos.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a la reconstrucción y rehabilitación de asentamientos humanos afectados por desastres naturales que incluya una vivienda digna en dimensiones y prestaciones para la familia, con servicios comunes adecuados de abastecimiento de agua, saneamiento, tratamiento de desechos, zonas de ocio y deporte, zonas comunes de gestión pública y actividades privadas, que: • Sean respetuosos con el medio en el que se inserten.
• Usen materiales, métodos y tecnologías de construcción propias del entorno.
• Usen energías renovables.
• Sean respetuosos con las tradiciones culturales, especialmente las de los pueblos indígenas.
• Respeten la propiedad de las familias, siempre y cuando no suponga inculcar los derechos de las mujeres.
• Respeten la importancia histórica y cultural de zonas, lugares, parajes, ecosistemas, edificaciones y otros objetos y manifestaciones.
• Participe en su definición la población beneficiaria.
- Asistencia técnica a las comunidades y administraciones locales para la adopción de normas de ordenación urbana, salud pública, protección medioambiental, para los asentamientos.
- Apoyo al fortalecimiento institucional a las entidades locales o comunidades para la gestión de los asentamientos, mediante la formación de recursos humanos y capacitación en materia de formulación del enfoque multisectorial del desarrollo de los asentamientos y en materia de desarrollo local para identificar las necesidades de la población de los asentamientos y para incorporar los resultados a los sistemas de gestión.
- Apoyo a entidades nacionales y locales para la adopción de normas y medidas dirigidas a la prevención de desastres naturales.
- Apoyo a programas de rehabilitación de viviendas, ocupadas por población sin recursos, en edificios del entorno histórico de las ciudades.
- Apoyo a la elaboración de programas de mediación para la resolución de conflictos y formación de la población para su utilización.
- Apoyo a programas de ordenación urbana en áreas metropolitanas afectadas por el sector terciario informal.
El saneamiento y el acceso a agua potable El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General núm. 15, aprobada en noviembre del año 2002, reconoce que el derecho al agua se enmarca dentro de las garantías indispensables para asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado. En la misma observación, el Comité incluye, dentro del derecho al agua, el concepto del derecho al acceso a unos servicios de saneamiento adecuados, como medida para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua.
El Programa Hábitat II, ya mencionado en relación con el derecho a la vivienda, establece que la infraestructura y los servicios básicos en el ámbito comunitario comprenden, entre otros, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, subrayando que la carencia de estos servicios básicos adecuados menoscaba gravemente la salud humana, la productividad y la calidad de vida, particularmente en el caso de las personas que viven en condiciones de pobreza, en la ciudad y en el campo. Por ello propone que los gobiernos, a los niveles adecuados, promuevan entre otros servicios el abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y el acceso a ese servicio y los servicios adecuados de saneamiento y de control de desechos.
Por su parte, la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 7, «Asegurar la sostenibilidad medioambiental», y para su consecución establece la meta 10, «Reducir a la mitad para el año 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible a agua potable».
El Informe de Desarrollo Humano del año 2006, dedicado por el PNUD al agua titulándolo «Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua», pone de manifiesto que la crisis mundial del agua no tiene su causa en una escasez de suministro físico, sino que sus causas radican en la pobreza, la desigualdad y las relaciones de poder desiguales, así como en políticas erradas de gestión del agua. En el Informe se hace constar que al menos 1.100 millones de personas de países en desarrollo carecen de un acceso adecuado al agua; 2.600 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento y que 1.8 millones de muertes infantiles anuales están relacionadas con el agua y la falta de saneamiento. Además, señala que la ausencia de agua y de saneamiento genera unos costes para el desarrollo muy elevados en salud, pérdidas de productividad y bajas laborales. El coste de alcanzar los ODM en lo relativo al agua y el saneamiento se han calculado en torno a 10.000 millones de dólares.
Para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del agua y saneamiento, el informe propone un impulso internacional coordinado que comience con Estrategias Nacionales, incorporando un Plan de Acción Mundial y partiendo todos de hacer del agua un derecho humano.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Realización de estudios para la captación de agua para el consumo.
- Apoyo a programas de construcción de presas para el almacenamiento de agua y generación de energía para el uso de la comunidad local.
- Apoyo a programas de potabilización del agua para el consumo humano.
- Apoyo a programas de construcción y gestión de pequeños sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en comunidades locales, adaptados a sus necesidades y peculiaridades, con la plena participación de la comunidad y especialmente de las mujeres.
- Apoyo a programas de construcción de sistemas de depuración de aguas residuales para uso agrícola con tecnologías de bajo coste para comunidades rurales.
- Apoyo al fortalecimiento institucional para la gestión eficaz del agua y el saneamiento público.
- Asistencia técnica y formación y capacitación de recursos humanos en materias relacionadas con la gestión del ciclo completo del agua.
- Apoyo a campañas de educación de la ciudadanía para el uso adecuado del agua.
La seguridad alimentaria La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación.
La alimentación constituye uno de los derechos humanos de segunda generación que fue incluido en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 11: el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso la alimentación, vestido, vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, adoptada en la primera Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada en noviembre de 1974, reconocía el derecho inalienable de todos los hombres, mujeres y niños y niñas a no padecer hambre y malnutrición, a fin de desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, de noviembre de 1996, adopta la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, a partir de la que los participantes definieron un Plan de Acción con la finalidad de reducir a la mitad el número de personas desnutridas antes del año 2015. Entre los compromisos asumidos se estableció clarificar el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre y a prestar especial atención a la aplicación y a la realización plena y progresiva de este derecho como medio de conseguir la seguridad alimentaria para todos. En mayo de 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cumplimiento del compromiso adoptado por los Estados en el Plan de Acción de Roma, aprobó la Observación General núm. 12, relativa a una alimentación adecuada, donde se establece la obligación de los Estados de respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo el derecho a la alimentación.
Esta Observación General contempla una serie de elementos constitutivos de este derecho que se resumen en que la alimentación debe ser suficiente, adecuada, sostenible, inocua, respetuosa con las culturas, disponible y accesible económicamente y físicamente.
Por su parte, la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 1, «Erradicar la extrema pobreza y el hambre», y para su consecución establece la meta 2, «Reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que padecen hambre».
Posteriormente, como consecuencia de «La Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después», celebrada en Roma en el 2002, se elaboraron un conjunto de Directrices Voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Estas directrices proponen a los Estados la adopción de una estrategia nacional para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, como parte de la estrategia nacional de desarrollo, que aborde los distintos aspectos del sistema alimentario, con inclusión de la producción, la elaboración, la distribución, la comercialización y el consumo de alimentos inocuos y que contemple medidas especiales para los grupos vulnerables y desfavorecidos y las situaciones especiales, como las catástrofes y las emergencias.
En el marco del derecho a la seguridad alimentaria ha surgido de forma más reciente el concepto de la soberanía alimentaria. El Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, celebrado en Cuba en septiembre de 2001, define este concepto como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.
En el Informe sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo del año 2006, tras referir que desde el año 1990 la población desnutrida en los países en desarrollo únicamente ha disminuido en 3 millones de personas, pasando de 823 a 820 millones, establece que el hambre es, a la vez, una consecuencia y una causa de la pobreza y que para la reducción del hambre es necesario un enfoque de doble componente: las intervenciones a largo plazo para mejorar el potencial productivo tienen que combinarse con programas y políticas que respondan a las necesidades inmediatas de los pobres y de aquellos que sufren inseguridad alimentaria.
En esta línea desde la cooperación andaluza se pretende intervenir en la consecución del derecho a la alimentación de la población de los países en desarrollo, por un lado, con la articulación de mecanismos de protección social para que las personas sin acceso a la alimentación obtengan formas de alcanzarla y dirigidos fundamentalmente a los grupos más vulnerables, resaltando la labor primordial que la mujer realiza en dichos procesos y, por otro, mediante intervenciones destinadas al desarrollo rural integrado como vía para mejorar los niveles de vida de la población.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a programas de seguridad alimentaria que vinculen la producción local con el mayor consumo de alimentos, partiendo de la agricultura familiar y comunitaria en el sentido de incentivarla, mediante una remuneración adecuada de la producción, de forma anticipada y constituyendo bancos de alimentos territoriales para su distribución si fuera necesario entre la población más vulnerable.
- En zonas especialmente pobres y donde no existe protección alguna a los grupos más vulnerables, apoyo a programas de seguridad alimentaria en escuelas y guarderías, centros de salud materno-infantil y hospitales y lugares de trabajo, ligando la transferencia de alimentos al cumplimiento de condiciones por parte de la población beneficiaria relativas a la salud, educación y nutrición.
- Apoyo a la distribución de alimentos en situaciones de emergencia a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales.
- Apoyo a la consolidación de la gestión participativa de la política de seguridad alimentaria mediante la creación de órganos locales y comunitarios de representación de la población beneficiaria, contando para ello especialmente con la mujer.
- Apoyo a programas de educación alimentaria y educación para el consumo promoviendo hábitos alimentarios sanos con el consumo de productos regionales/locales diversificados.
Asimismo, se consideran prioritarias intervenciones dirigidas especialmente al desarrollo rural integrado en entornos mayoritariamente locales: - Asistencia técnica para el desarrollo de procesos de reforma agraria que reconozcan y aseguren el acceso y la tenencia de los recursos y bienes rurales tales como la tierra, el agua, la pesca, los bosques y la ganadería en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
- Apoyo a programas destinados a fomentar el acceso de la población indígena y de la mujer a los medios de producción agrícolas, pesqueros y ganaderos y a la formación y capacitación que les habilite para el ejercicio de dichas actividades económicas.
- Apoyo a programas de creación de estructuras dinamizadoras del territorio, puesta en valor de los rasgos identitarios del territorio y valorización de los recursos y del patrimonio local, acompañado de acciones en materia turística.
- Apoyo a programas de fomento de la agricultura de conservación, mantenimiento del suelo, y ahorro de agua y energía, primando las prácticas agroecológicas y el manejo integrado de cultivos y plantaciones.
- Apoyo a la agricultura familiar y comunitaria y la producción para el autoconsumo.
- Asistencia técnica en materia de nuevas técnicas productivas.
- Apoyo a programas para la mejora de las infraestructuras agrarias: riegos, embalses, caminos rurales, almacenes.
- Apoyo a programa para la mejora de la sanidad animal y vegetal.
- Apoyo a programas para la pesca artesanal y a la acuicultura desde un enfoque de explotación sostenible de los recursos.
- Apoyo a la organización de los agricultores y pescadores, fomentando el asociacionismo y el cooperativismo.
- Apoyo a programas para la industria agroalimentaria en el ámbito local y regional.
- Apoyo a programas para la comercialización local de los productos alimenticios, agrícolas y pesqueros de la zona.
- Apoyo a programas de formación, investigación y extensión.
- Apoyo a programas de fomento de la calidad en la producción agroalimentaria.
- Formación y capacitación de personal de la administración pública territorial y de los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, pesca y ganadería y a los agentes de desarrollo local en nuevas técnicas productivas y nuevas tecnologías al servicio de la agricultura.
- Asistencia técnica para la producción de alimentos usando tecnologías y técnicas apropiadas en cada caso y sin agotar los recursos naturales.
- Apoyo a programas de investigación destinados a preservar la diversidad biológica agrícola y la conservación de especies alimentarias de las distintas áreas geográficas.
Línea prioritaria 2: El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y de sus organizaciones.
Apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano El Compromiso de la Apropiación, contenido en la Declaración de París, establece que los países socios ejercerán su liderazgo desarrollando e implementado sus propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios procesos consultivos. Asimismo, el Compromiso de la Armonización contempla que los países socios se comprometen a realizar progresos para crear instituciones y establecer estructuras de gobernación que brinden seguridad y protección pública y acceso equitativo a los servicios sociales básicos para los ciudadanos y buena gobernabilidad. Además, se comprometen a fomentar la participación ampliada de un abanico de actores para establecer prioridades.
La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece como una de las prioridades sectoriales el fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y de sus organizaciones.
El apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano.
Medidas En este ámbito y partiendo de la experiencia andaluza en la materia, se pretende fomentar el fortalecimiento de las es- tructuras democráticas y de la sociedad civil y de sus organizaciones como un elemento transversal en los programas operativos geográficos y sectoriales, promoviéndose el desarrollo de intervenciones específicas en cada uno de ellos.
En el caso del fortalecimiento de las estructuras democráticas se fomentará la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a programas de formación en los ámbitos administrativo (finanzas, tributación, catastro, planificación estratégica, entre otras) y técnico.
- Apoyo a programas de formación en el ámbito político (negociación y resolución de conflictos, rendición de cuentas, participación, pluralidad, liderazgo, habilidades directivas,...) orientado a una mejor gestión por parte de las estructuras democráticas de los territorios y facilitar el desarrollo de un «buen gobierno», transparente, participativo, efectivo e incluyente.
En el ámbito de la sociedad civil, entre las cuatro siguientes: - Apoyo al acceso de población a la toma de decisiones en el ámbito local mediante procesos formativos sobre los derechos y deberes de la ciudadanía.
- Apoyo a programas de Fortalecimiento de la conciencia ciudadana en los actores locales.
- Apoyo a los procesos de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
- Apoyo a la creación y fortalecimiento de las organizaciones sociales de base y su indispensable vinculación y participación activa en los procesos de desarrollo, especialmente aquellas que congregan a grupos de mayor vulnerabilidad y que tradicionalmente han estado ausentes de una implicación efectiva en los procesos de desarrollo.
Línea prioritaria 3: El respeto de los derechos humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración social de la mujer y de los grupos de población más vulnerables (menores, indígenas y minorías) El respeto de los derechos humanos constituye, como se puede comprobar a lo largo del texto, una constante y un elemento que determina todas las medidas que se ejecuten en el desarrollo del Plan.
Este respeto adquiere particular importancia en determinadas personas y grupos sociales que padecen una exclusión de la red social, que no pueden acceder a los recursos y oportunidades existentes en el entorno que les rodea y están expuestos a una gran vulnerabilidad. Entre tales grupos se encuentran las mujeres sin recursos, la infancia y la juventud en riesgo, la población indígena, la población desplazada y retornada y las personas con discapacidad.
La exclusión social es un fenómeno multicausal y complejo que varía según el país e incluso en el interior de cada uno de ellos. Guarda relación con la pobreza, la desigualdad, la discriminación racial, el desempleo y el subempleo, la insuficiencia de políticas públicas y de redes sociales para cubrir el sistema de protección, la violencia estructural, el debilitamiento de las familias, el avance de la exclusión en contextos progresivos de crisis económica, social y cultural, la consolidación en determinadas zonas del planeta del fenómeno de las maras, creando su propio conflicto, con la injerencia de grupos externos del crimen organizado que alientan el tráfico de armas, las drogas y la delincuencia común.
Dadas estas realidades, la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha previsto como sector prioritario la integración social de la mujer y de grupos de población más vulnerables, tales como los menores, la población refugiada, desplazada y retornada, la población indígena y otras minorías. En este ámbito es necesario tratar la situación de la población con discapacidad que en países en desarrollo con recursos bajos no son atendidos por sus gobiernos como sus condiciones individuales exigirían.
Género La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 2.1 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
En la Resolución aprobada por la Asamblea General sobre el Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer de 7 de febrero de 2006 (Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer y plena aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 60/140), además de reafirmar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, exhorta a los Estados a que cumplan las siguientes obligaciones: - Las derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo.
- Emprender nuevas acciones en todas las políticas y los programas y la promoción de la participación y el empoderamiento plenos e igualitarios de la mujer y el fomento de la cooperación internacional.
- La promoción, protección y respeto del disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por las mujeres.
- El respeto del imperio de la ley, incluida la legislación, y los esfuerzos constantes para derogar leyes y erradicar políticas y prácticas que discriminen contra las mujeres y las niñas y para promulgar leyes y promover prácticas que protejan sus derechos y fomenten la igualdad entre los géneros.
- El reforzamiento del papel de los mecanismos institucionales nacionales para la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer.
- La ejecución de políticas socioeconómicas que promuevan el desarrollo sostenible y el establecimiento de programas de erradicación de la pobreza, especialmente para las mujeres, y el reforzamiento de la provisión y la garantía de un acceso igualitario a servicios públicos y sociales adecuados, asequibles y accesibles, incluidas la enseñanza y la capacitación a todos los niveles, así como a todo tipo de sistemas permanentes y sostenibles de protección social y de seguridad social para las mujeres a lo largo de su ciclo vital.
- La movilización adecuada de recursos a escala nacional e internacional.
- El aumento de alianzas entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado.
- El estímulo de la responsabilidad conjunta de los hombres y los niños con las mujeres y las niñas en la promoción de la igualdad entre los géneros.
- La prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, protección de las víctimas y elaboración de estrategias a ese respecto.
Al inaugurar la conferencia de Beijing +10, el entonces Secretario General, Kofi Annan, declaró que «estudio tras estudio muestra que no existe una herramienta más efectiva para el desarrollo que dotar de poder a la mujer. Ninguna otra política tiene más posibilidades de elevar la productividad económica o reducir la mortalidad materno infantil, mejorar la nutrición y promover la salud, incluida la prevención del VIH/SIDA. Ninguna otra política tiene tanta capacidad de aumentar las posibilidades de educación para la próxima generación (…) ninguna otra política es más importante para evitar conflictos o para lograr la reconciliación después de que el conflicto haya terminado. Cualquiera sean los beneficios reales de invertir en las mujeres, el hecho más importante sigue siendo el derecho que ellas tienen a vivir con dignidad, libres de carencias y de temores».
En el mismo sentido se refiere el Informe que, como todos los años, para 2007 ha publicado UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia cuyo título «La mujer y la infancia: el doble dividendo de la igualdad de género». En él se pone de manifiesto que las mujeres sanas, instruidas y con poder tienen hijas e hijos sanos, instruidos y seguros de sí mismos y que los beneficios de la igualdad entre los géneros van más allá de sus consecuencias directas sobre la infancia, ya que sin ella será imposible crear un mundo donde impere la equidad, la tolerancia y la responsabilidad compartida, un mundo, en definitiva, que sea apropiado para la infancia. El informe propone una hoja ruta para acelerar los progresos hacia la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer por medio de la educación, la financiación, la legislación, las cuotas legislativas, la incorporación de los hombres y los niños, la promoción de la autonomía de la mujer por parte de otras mujeres y una mejora en las investigaciones y la recopilación de datos.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a programas de fortalecimiento institucional y asistencia técnica de las estructuras nacionales instauradas para la consecución de la igualdad de género para abordar, entre otras, las acciones que se relacionan a continuación. Estas estructuras habrán de tener en cuenta la incorporación en los programas de la diversidad de necesidades en función de la edad de las mujeres a las que van dirigidos: • Diseño de planes de igualdad de oportunidades.
• Creación de unidades de género destinadas a la introducción e implantación del principio de igualdad.
• Implantación del enfoque de género integrado en las administraciones públicas.
• Creación de oficinas municipales de género destinadas a prestar servicios de promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer; de alfabetización, de formación y orientación para el empleo, con especial incidencia en los sectores tradicionalmente reservados a los hombres; de apoyo y acompañamiento a las mujeres que deseen iniciar una actividad empresarial; servicios especiales de atención integral para la mujer rural y para la mujer indígena; servicios de asistencia jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, servicios de información sobre salud, con especial incidencia en la salud sexual reproductiva.
• Creación y difusión de programas de sensibilización, formación y educación dirigidos a la ciudadanía sobre la igualdad de género y la eliminación de comportamientos y esquemas sexistas en todos los diferentes ámbitos.
• Diseño y aplicación de planes de actuación para la erradicación de la violencia de género.
• Promoción de certámenes culturales para premiar la obra artística de las mujeres.
• Desarrollo de protocolos institucionales de intervención y atención a las víctimas de violencia.
• Persecución de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.
• Actuaciones que observen a las mujeres en su realidad con una imagen digna.
• Encuentros formativos y de diálogo, a fin de articular estrategias de empoderamiento y de avance en la conquista de derechos.
• Implicación de los medios de comunicación social para aportar una imagen de la mujer digna, libre de estereotipos sexistas.
• Actuaciones para otorgar derechos a las mujeres sobre herencias, propiedad y tierra.
- Apoyo al fortalecimiento del tejido asociativo que trabaje por la igualdad de género desde diferentes ámbitos y apoyo para la consecución de sus iniciativas.
- Apoyo a programas y acciones positivas como complemento del enfoque transversal que incidan especialmente en la salud, la educación, la alimentación, el acceso al empleo y a la actividad productiva, su participación en la vida política, con prioridad por la mujer rural y la mujer indígena.
Infancia y juventud en riesgo Los niños y las niñas constituyen un elemento esencial en la cooperación para el desarrollo. La inversión en la infancia constituye la única manera de conseguir que los programas y proyectos sean sostenibles. Al menos el 50% de las personas que padecen pobreza son niños y niñas, razón de sobra para establecer como prioridad su desarrollo y el cumplimiento de sus derechos.
La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 25.2 que todos los niños y niñas, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El marco jurídico internacional está constituido por la Convención de los Derechos del Niño (CDN), suscrita en el año 1989. Este fue el primer tratado que se ocupó específicamente de los derechos de la infancia y marcó un paso importante en el avance hacia un acercamiento basado en los derechos y que consideró a los gobiernos legalmente responsables de la falta de atención hacia las necesidades de la infancia. De la Convención nació una nueva visión de los niños, considerados poseedores de derechos y responsabilidades apropiados a su edad más que una propiedad de sus padres o beneficiarios indefensos de la caridad. Su contenido son normas jurídicas claras orientadas a la protección integral de los niños y niñas y adolescentes, con un nivel que supera con creces los habituales de salud, educación y bienestar. La CDN garantiza los derechos que se refieren a la personalidad individual del niño, su libertad de expresión, de religión, de asociación y su derecho a la intimidad.
Los derechos de la infancia abarcan cuatro aspectos principales de la vida del niño: el derecho a sobrevivir, el derecho a desarrollarse, el derecho a ser protegidos de todo mal y el derecho a participar.
La CDN entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Establece que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para proteger al niño, contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida el abuso sexual, estableciendo reglas específicas para los niños refugiados y discapacitados. Asimismo, la CDN establece el reconocimiento por parte de los Estados del derecho del niño y niña al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios y establece un catálogo de medidas, entre las que encuentran las siguientes: reducir la mortalidad y morbilidad infantil y eliminar prácticas institucionales lesivas de su salud; el derecho a la seguridad social; el derecho de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y social; responsabilidades de los padres u otras personas encargadas; el derecho a una educación y formación integral de la niñez y juventud en condiciones dignas de preparación; el derecho a una vida responsable en una sociedad libre; el derecho a no ser explotado económicamente ni de otra manera, a la protección del niño contra el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a impedir el secuestro, la venta o la trata de niños; la recuperación y reintegración social de los niños y niñas víctimas de cualquier forma de abandono, explotación, abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes o conflictos armados.
Con respecto a la juventud, en el año 1985, y como resultado del Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente (Caracas 1980), las Naciones Unidas crearon las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, adoptadas por la Asamblea General por Resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985, que han sido denominadas las Reglas de Beijing. Estas constituyen un conjunto de normas destinadas a guiar a los Estados en la elaboración de un sistema de justicia separado para los menores que respete sus derechos.
En el año 1990 se aprueban las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD) destinadas a la promoción de políticas sociales efectivas y legislación adecuada para la protección y la prevención. El mismo año se aprueban las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, que son recomendaciones para lograr que los derechos de los menores sean respetados durante su ingreso y permanencia en centros de detención o instituciones relacionadas, y que se tomen las medidas necesarias para su reintegración a la sociedad.
La juventud, a diferencia de la niñez, no ha merecido una clara prioridad por los organismos internacionales. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, se acordó como uno de sus objetivos satisfacer las necesidades especiales de los adolescentes y los jóvenes, especialmente las jóvenes, en materia de apoyo de la sociedad, la familia y la comunidad, oportunidades económicas, participación en el proceso político y acceso a la educación, la salud, la orientación y servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad, teniendo presente la propia capacidad creativa de los adolescentes y jóvenes.
En el ámbito Iberoamericano, los Ministros y responsables de juventud, suscribieron el 11 de octubre de 2005, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que constituye el primer documento jurídico en la materia. La Convención reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que se configuran en la misma.
El joven, que conforme a la Convención es la persona que se halla en edades comprendidas entre los 15 y 24 años, es titular de una serie de derechos civiles y políticos (derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección contra abusos sexuales, a la objeción de conciencia, a la justicia, a la identidad y personalidad propias, al honor, intimidad y a la propia imagen, a la libertad y seguridad personal, libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión, reunión y asociación, derecho a formar parte de una familia, a la formación de una familia, a la participación) y de derechos económicos, sociales y culturales (derecho a la educación, a la educación sexual, a la cultura y al arte, a la salud, al trabajo, a las condiciones de trabajo, a la protección social, a la formación profesional, a la vivienda, a un medio ambiente saludable, al ocio y al esparcimiento, al deporte).
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a programas de fortalecimiento institucional y asistencia técnica de las estructuras nacionales instauradas para la consecución de políticas de infancia con enfoque integrado para abordar acciones incluidas en la siguiente relación: • Programas de protección de menores que carezcan de familia o que la situación de la misma les provoque desprotección.
• Programas de sensibilización e información a la población de la importancia que tiene la educación, la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, mediante campañas que muestren la situación actual y el compromiso por una acción eficaz y campañas de información dirigidos a los padres sobre las áreas de salud, educación, prácticas de crianza y tiempo libre adecuadas a las necesidades de los menores.
• Programas de sensibilización, conocimiento y divulgación sobre los derechos del niño, su realidad y sus necesidades.
• Programas educativos destinados a la ampliación de la cobertura, la equidad y la calidad educativa en un marco de desarrollo integral en zonas en situación de pobreza o extrema pobreza.
• Programas de rehabilitación con base en la comunidad local destinados a la infancia y la juventud con discapacidad.
• Colaboración con el tejido asociativo.
- Apoyo al fortalecimiento institucional y asistencia técnica de las estructuras instauradas para la consecución de políticas de juventud con enfoque integrado para abordar acciones incluidas en la siguiente relación: • Programas de sensibilización, formación e información para promover la adquisición de hábitos saludables en materia de sexualidad, alimentación, higiene, etc.
• Programas de información y formación dirigida a los jóvenes para que puedan dar respuesta a una serie de riesgos de la forma «más saludable», en las áreas afectivo sexual (relaciones, prevención de riesgos, Sida, embarazos no deseados, eliminación de comportamientos sexistas), de las adicciones (alcohol, tabaco) y de salud mental (autoestima, convivencia trastornos alimentarios, suicidio, violencia).
• Creación de puntos de encuentro y de redes orientados a la juventud en torno a los derechos, sexualidad, organización, participación juvenil y formación de líderes, para la creación de espacios de expresión y la generación de intercambios y la organización de redes.
• Programas de formación y capacitación profesional para el empleo y la actividad emprendedora destinados a jóvenes en riesgo social con enfoque educativo, técnico y laboral, con acciones específicas para chicas jóvenes excluidas del sistema educativo formal que les habilite para el acceso a una actividad laboral.
• Programas de prevención de la delincuencia juvenil, con especial incidencia en las zonas de extrema pobreza.
• Programas de reforma juvenil destinados a facilitar la orientación y el apoyo necesario a los jóvenes infractores de la ley para el cambio de conducta, aprendizaje, desarrollo de actitudes pro-sociales, formación y orientación para su reinserción en la vida social y familiar y en el mercado laboral.
• Colaboración entre la Administración Nacional, las municipalidades, la política y la autoridad judicial para la ejecución de medidas judiciales sobre menores y jóvenes infractores.
• Colaboración con el tejido asociativo para la consecución de sus objetivos.
- Apoyo al fortalecimiento del tejido asociativo que trabaje por los derechos de la juventud.
- Apoyo a programas que combinen formación y empleo, similares a los Programas de Escuelas-Taller de Andalucía, que tengan en cuenta las profesiones demandadas en los países.
Población indígena y grupos étnicos La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que los Estados partes de los mismos se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en ambos se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, constituye el catálogo de derechos reconocidos a los pueblos indígenas más importante aprobado hasta la fecha.
Esta Declaración servirá de referencia inexcusable para las actuaciones del Plan en esta prioridad sectorial.
Los derechos contemplados en la Declaración constituyen una pauta para implementar una política sectorial que incida en el desarrollo integral de las poblaciones indígenas de los países prioritarios de la cooperación andaluza. En este sentido, la Declaración reconoce los siguientes derechos: - Derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
- Derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales; a manifestar prácticas, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistema de escritura y literatura.
- Derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas.
- Derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y en los medios de información públicos.
- Derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo.
- Derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de propio desarrollo.
- Derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud; a la protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
- Derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.
Todos los derechos reconocidos en la Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas. Asimismo, todos estos derechos y libertades se garantizan de forma igualitaria al hombre y a la mujer.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo al empoderamiento y promoción de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y grupos étnicos en los procesos de decisión, con medidas tales como: • Creación o fortalecimiento de espacios y procedimientos reglados de participación institucional de los pueblos indígenas y grupos étnicos en la planificación y ejecución de las políticas nacionales que les afecten y faciliten su integración en los procesos de desarrollo social, económico, cultural, político.
• Fortalecimiento y apoyo a las instituciones propias de las comunidades indígenas y grupos étnicos para facilitarles su participación efectiva en la toma de decisiones y en especial de la mujer indígena.
• Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales que trabajan en pro de los derechos de los pueblos indígenas y grupos étnicos.
• Programas de formación de líderes indígenas y étnicos.
• Programas de becas para estudiantes procedentes de comunidades indígenas y grupos étnicos de niveles universitarios y de formación profesional para generar mano de obra cualificada y recursos humanos especializados en ámbitos económicos, tecnológicos, científicos, jurídicos, sociales, etc. vinculados con el desarrollo económico y social de su entorno.
• Estrategias destinadas a lograr que las comunidades indígenas sistematicen sus normas de derecho consuetudinario para que las administraciones públicas y los tribunales de justicia las tomen en consideración.
• Traducción a las lenguas nativas de las normas que afectan a las comunidades indígenas y grupos étnicos derivadas de la legislación interna, del derecho consuetudinario, de los convenios internacionales para que los mismos las conozcan, se apropien de las mismas, las defiendan y exijan su cumplimiento.
• Creación de grupos interdisciplinarios destinados a facilitar la revisión y actualización del marco jurídico vigente para adecuarlo al reconocimiento y aplicación de los derechos de los individuos y comunidades indígenas y grupos étnicos.
- Apoyo al reforzamiento de las capacidades y de las señas de identidad de los pueblos indígenas y grupos étnicos, con medidas como: • Difusión de sus creaciones artísticas: música con instrumentos autóctonos, cánticos en lengua nativa, danza, poesía, cuentos y leyendas, utilizando la tradición oral.
• Programas de etnoculturismo controlado a los sitios sagrados y tradicionales, con participación significativa de las autoridades tradicionales.
• Formación de maestros interculturales bilingües y producción de material didáctico y literario, desde la visión indígena y traducidos a la lengua nativa.
• Creación de centros de documentación, museos y archivos de creaciones indígenas y étnicas no solo artísticas sino también técnicas, científicas, de organización, planificación, de protección de la biodiversidad, etc.
• Programas de recuperación de los lugares sagrados y centros ceremoniales.
- Apoyo al fomento del asociacionismo de los pueblos indígenas y grupos étnicos, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de las estructuras institucionales de sus organizaciones en tanto interlocutores válidos de las demandas y propuestas de las comunidades.
- Sensibilización de la población de los países con comunidades indígenas y grupos étnicos sobre el aporte de los mismos en el desarrollo de su identidad y su cultura, su economía, su sistema de salud, su agricultura, su biodiversidad, su ordenación territorial, etc., así como de la población andaluza sobre la riqueza aportada por las comunidades indígenas y los grupos étnicos en la realidad actual de los países en los que conviven.
- Apoyo al fortalecimiento y divulgación de la cultura indígena y étnica vinculada al desarrollo económico y social, apostando por el enfoque de que las realidades culturales particulares de los pueblos indígenas son impulsoras del verdadero desarrollo sostenible, con medidas tales como: • Creación de guías de los pueblos indígenas y grupos étnicos, con sus tradiciones, artesanías, lugares sagrados, trajes típicos y gastronomía que fomenten el turismo.
• Promoción de la incorporación de la medicina tradicional indígena en los currícula de las facultades de farmacia y medicina de las Universidades.
• Programas que promuevan la elaboración y comercialización de productos artesanales propios incluyendo proyectos de mercado en el ámbito regional, nacional e internacional.
• Creación de micro granjas agrícolas de plantas medicinales con técnicas tradicionales por las propias comunidades.
• Uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para la divulgación de la cultura indígena y étnica.
Personas con discapacidad La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Respecto al ámbito de la cooperación internacional declara la importancia de ésta en la consecución de los objetivos de la Convención y por ello compele a los Estados a adoptar medidas concretas como: a) Velar porque la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad.
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas.
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos.
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
Medidas En desarrollo del PACODE se fomentarán las actuaciones dirigidas a promover los objetivos recogidos en la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad.
Población refugiada y desplazada Compete a los Estados la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, pero en determinadas circunstancias el gobierno de un país no puede o no quiere hacerlo, muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus familias, sus bienes y hasta su patria, para ir a otra zona dentro de su país donde dicha protección sí se le pueda brindar o en busca de la protección del gobierno de otro país.
El desplazado es la persona o grupo de personas que se ha visto obligado a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
El refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que no puede, o a causa de esos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
Medidas Dadas las condiciones de estos grupos de población, el PACODE pretende contribuir, mediante intervenciones de carácter humanitario, a la mejora de las condiciones de vida de grupos de población desplazada o de población refugiada como consecuencia de conflictos armados o catástrofes naturales, con especial prioridad por la población infantil y femenina.
Línea prioritaria 4: La formación y capacitación de los recursos humanos Una de las demandas más constantes de las administraciones de los países objeto de la cooperación andaluza es la demanda y capacitación de los recursos humanos. Como se ha citado el Compromiso de la Apropiación, contenido en la Declaración de París, establece que los países socios ejercerán su liderazgo desarrollando e implementando sus propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios procesos consultivos.
Para ejercer este liderazgo es necesario contar, además de la decisión política propia, con unos recursos humanos capacitados global y sectorialmente. Esta necesidad, además de en la administración central, se manifiesta en los niveles regionales y locales.
De la misma forma, los otros agentes del desarrollo de los países socios (universidades, ONGDs, organizaciones sindicales y empresariales) deben contar con unos recursos humanos que estén al nivel de los retos del país, siendo necesaria la cualificación y profesionalización de los responsables o técnicos de las contrapartes de los programas o proyectos de la cooperación andaluza, que les permitan una mayor autonomía e independencia de asistencia técnica de los países donantes.
Es necesario destacar la importancia de la profesionalización y capacitación para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y programas, que solo es posible si en el país existen recursos humanos y profesionales que den continuidad al trabajo indicado en cooperación y que ellos mismos puedan impulsar desde su realidad, las políticas y programas necesarios para el desarrollo de su región. Esta formación permite ir eliminando progresivamente la dependencia que muchos países tienen de la asistencia técnica de países donantes, y permite que los proyectos se ajusten mejor a las realidades de cada país.
En este sentido, la Universidad andaluza como institución dotada de recursos técnicos y humanos altamente cualificados que abarca todos los campos de conocimiento, tiene un papel fundamental en la formación y capacitación de las poblaciones más desfavorecidas para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en los países menos desarrollados, a través del fortalecimiento de los sistemas universitarios y el aumento de las capacidades humanas.
Por esta razón, la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece como uno de los sectores prioritarios la formación y la capacitación de los recursos humanos.
Medidas En este ámbito y partiendo de la experiencia andaluza en la materia, el PACODE pretende fomentar la inclusión de la formación y capacitación de los recursos humanos como un elemento transversal en los programas operativos geográficos y sectoriales, desarrollándose intervenciones específicas en cada uno de ellos.
Línea prioritaria 5: La dotación, mejora o ampliación de infraestructuras así como el desarrollo de la base productiva, el fortalecimiento del tejido empresarial básico, en particular de las pequeñas y medianas empresas, las empresas artesanales, las empresas de economía social y todas aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo en los sectores más desfavorecidos Las empresas están adquiriendo una responsabilidad cada vez mayor en la generación de procesos en los países de África y de Iberoamérica. Una de las principales aportaciones a este nuevo enfoque la expuso Kofi Annan, Antiguo Secretario General de las Naciones Unidas, proponiendo por primera vez la idea de un Pacto Mundial, que inauguró su fase operativa en julio del año 2000. Este Pacto es una iniciativa que intenta promover la ciudadanía corporativa, involucrando a las empresas privadas en el desafío de conseguir una economía mundial más sostenible e incluyente. Se trata de fomentar la responsabilidad cívica de las empresas en la economía mundial.
El elemento fundamental del Pacto es el cumplimiento por parte de las empresas privadas de diez principios que tienen como base tratados y convenciones internacionales y que se refieren a los Derechos Humanos (fundamentales, relaciones laborales), medio ambiente y lucha contra la corrupción.
En este marco se han puesto en marcha las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, que están integradas, de forma voluntaria, por el sector público, el privado y el Tercer Sector. Estas alianzas tienen como objetivo, por una parte, conseguir impactos positivos en el desarrollo y, por otra, mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos que garantizan la vida de las personas. En el desarrollo de estas alianzas las partes comparten riesgos, responsabilidades, recursos y beneficios.
Asimismo, ha adquirido un auge la práctica de la Responsabilidad Social de la Empresa. Concepto desarrollado por la Unión Europea para las empresas instaladas en el territorio europeo y que cada vez más va calando en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. La implicación de la empresa por ofrecer unas condiciones laborales dignas a los trabajadores, por la asunción y respeto de las reglas medioambientales, por la promoción de la educación y de la formación profesional son elementos que contribuyen al desarrollo empresarial en un entorno más cohesionado y pacífico.
En este contexto, la existencia de un sector privado económico fuerte constituye un elemento relevante para la generación de un desarrollo sostenible y en los países en desarrollo para la consecución de este objetivo juegan un papel primordial las pequeñas y medianas empresas. En este proceso los agentes sociales con capacidad formativa como las universidades también juegan una papel fundamental en la capacitación de los recursos humanos y futuros profesionales del sector empresarial, que además pueden cooperar con las empresas aportando conocimiento en I+D, logrando que dichas empresas sean más productivas y competitivas.
Por esta razón, la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece como uno de los sectores prioritarios la dotación, mejora o ampliación de la base productiva y el fortalecimiento del tejido empresarial básico, en particular de las pequeñas y medianas empresas, las empresas artesanales, las empresas de economía social y todas aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo en los sectores más desfavorecidos.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo y asistencia técnica para la creación de redes para el intercambio de experiencias relativas al fomento de la creación de pequeñas y medianas empresas en entornos locales partiendo de los recursos endógenos.
- Apoyo a la constitución de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo.
- Apoyo a la adopción por las empresas de la RSE.
- Apoyo a programas de formación y asistencia técnica para cuadros directivos de empresas de economía social y de artesanía.
- Apoyo y asistencia técnica para la implantación de programas de jóvenes emprendedores con medidas de formación, asesoramiento y acompañamiento empresarial.
- Apoyo a programas para favorecer las iniciativas empresariales de mujeres.
- Asistencia técnica para la elaboración de normas y de programas en materia de cooperativismo.
- Apoyo a programas para el fomento del comercio como medio de poner en valor los recursos endógenos y propiciar su incardinación en los sistemas productivos locales.
- Apoyo a programas para el fomento de la actividad turística.
- Asistencia técnica para la implantación de tecnologías de la información y comunicación en la gestión de las pequeñas y medianas empresas.
- Apoyo a la realización de planes de desarrollo sectoriales, para la creación de pequeñas empresas, impulsando la creación de clusters y la adopción de actitudes de cooperación empresarial.
- Apoyo a programas de impulso del cooperativismo, especialmente en actividades que contribuyen a la satisfacción de necesidades esenciales: consumo, vivienda, agricultura, empresas en la economía rural, aprovechamiento de recursos endógenos para la industria y la energía.
- Asistencia técnica para el diseño e implantación de políticas públicas y estrategias preventivas para reducir los índices de siniestralidad laboral.
- Apoyo a programas de formación, información de los agentes económicos y sociales en el ámbito de la seguridad y salud laboral.
- Acciones de apoyo para el fomento del diálogo social en las relaciones laborales.
Línea prioritaria 6: Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales El Principio 1 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reconoce el derecho a una vida saludable y a un desarrollo sostenible, al declarar que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
El principio 5 establece que todos los Estados y todas las personas deben cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.
Las capas más empobrecidas de nuestras sociedades, especialmente en los países del Sur, son las que dependen en mayor medida del medio ambiente y del aprovechamiento de los recursos naturales. Las consecuencias de la degradación del medio ambiente y de la pérdida de biodiversidad afectan de forma más aguda a los sectores empobrecidos que son especialmente vulnerables a los efectos de problemas de escala mundial como el cambio climático, los desastres naturales o la desertificación. La lucha contra la pobreza debe estar, por tanto, íntimamente ligada a la protección del medio ambiente.
Partiendo del concepto del desarrollo sostenible, definido por el Informe Brundtland y del conjunto de medidas programáticas reflejadas en la Agenda 21 aprobadas en la Cumbre de la Tierra, la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como Objetivo 7, «Asegurar la sostenibilidad medioambiental», y para su consecución establece la meta 9, «Integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la pérdida de recursos medioambientales».
Asimismo, en el contexto de un problema de alcance internacional como es el cambio climático y en línea con el Protocolo de Kyoto, con la Estrategia Europea sobre el Clima y con la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, la Junta de Andalucía ha aprobado la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático como respuesta a la urgente necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero y ampliar la capacidad de mitigación, objetivos que pueden trasladarse asimismo al ámbito internacional.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a la elaboración y gestión de programas de protección de la biodiversidad y de ordenación de recursos naturales en ámbitos locales, incidiendo en la participación activa de la mujer.
- Apoyo y asistencia técnica para el desarrollo de planes de gestión de áreas de especial vulnerabilidad (áreas protegidas, corredores biológicos y ecosistemas de especial singularidad) y para el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.
- Apoyo a la elaboración y gestión de programas de ordenación sostenible de los ecosistemas forestales.
- Asistencia técnica y apoyo para la elaboración de Agendas locales 21.
- Apoyo a la puesta en marcha de programas de ámbito local destinados a la gestión integral de los residuos sólidos.
- Asistencia técnica para el desarrollo de herramientas de análisis, conocimiento y gobernanza para actuar frente al cambio climático desde el punto de vista de la mitigación.
- Apoyo a programas de tratamiento de aguas residuales con tecnologías de bajo coste.
- Apoyo a la formulación y gestión de programas de eficiencia energética y de fomento del uso de las energías alternativas.
- Apoyo a programas de participación del empresariado en la cooperación en medio ambiente y al fomento de los principios de la Responsabilidad Social y Medioambiental Corporativa.
- Apoyo a programas de prevención de desastres naturales.
- Apoyo a la elaboración de estrategias de acción frente al cambio climático.
- Apoyo al fortalecimiento de los sistemas de información medioambiental.
- Apoyo a programas de formación y capacitación de recursos humanos, especialmente a las mujeres como gestoras de recursos hídricos, aprovechando las potencialidades de las Universidades.
- Asistencia técnica a las administraciones públicas para la integración de los aspectos medioambientales en sus distintas políticas y programas sectoriales.
- Asistencia técnica para la elaboración de normativa medioambiental y de Estrategias de Desarrollo Sostenible.
- Apoyo al fortalecimiento institucional de las administraciones públicas y las organizaciones sociales en el ámbito del medio ambiente.
- Apoyo a programas de sensibilización, educación y voluntariado medioambiental.
Línea prioritaria 7: Promoción de la cultura y del patrimonio histórico y de los valores, especialmente en aquellos aspectos directamente relacionados con la identidad de los pueblos, que favorezcan su desarrollo endógeno.
La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, y a participar en el progreso científico y en los beneficios resultantes. El Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 15 establece que entre las medidas que los Estados partes deberán adoptar figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. La Declaración de Méjico sobre las Políticas Culturales propone una serie de principios que deben regir estas políticas, entre los que destacan: - la identidad cultural, necesidad de políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo con respeto de las minorías y aprecio de las otras culturas del mundo; - la democracia en la cultura, necesidad de descentralizar la vida cultural en lo geográfico y lo administrativo para que las instituciones conozcan mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad y para que toda la sociedad pueda acceder a los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes; - el derecho y deber de todo pueblo de defender su patrimonio, las obras de artistas, arquitectos, músicos, escritores, así como las creaciones anónimas y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas; - establecer las condiciones sociales y culturales que faciliten, estimulen y garanticen la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter político, ideológico, económico y social; - las relaciones de complementariedad entre la cultura, la educación, la ciencia y la comunicación; - la necesidad de planificar, administrar y financiar las actividades culturales; - la necesidad de la cooperación cultural internacional que debe fundarse en el respeto a la identidad cultural, la dignidad y valor de cada cultura, la independencia y la no intervención.
La Agenda Internacional, propuesta por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, en el informe Nuestra Diversidad Cultural plantea la necesidad de intervenir en el patrimonio en tanto que representación colectiva de la identidad y en este sentido hace, entre otras, las siguientes propuestas: - reformular el concepto de patrimonio vigente por considerarlo demasiado restringido y dominado por criterios estéticos e históricos; - proteger el patrimonio lingüístico y, en especial, las lenguas que estén amenazadas de desaparición; - hacer de los museos un fiel reflejo del patrimonio cultural del pueblo; - prestar mayor atención a los archivos por constituir un testimonio de la historia y las relaciones sociales; - lograr un equilibrio entre el patrimonio cultural y el turismo; - apoyar las prácticas comerciales de los artesanos en la medida en que son productores de bienes culturales; - combatir el comercio clandestino de obras de arte y piezas arqueológicas; - formar recursos humanos en técnicas de gestión cultural y en ciencias sociales e historia; - definir un plan internacional de acción para reforzar las estrategias de participación de las mujeres en el terreno cultural, entre otros.
Por último la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005, establece que los Estados se esforzarán por apoyar la cooperación para el desarrollo a fin de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico mediante, entre otros, los siguientes medios: - el fortalecimiento de las industrias culturales en los países en vías de desarrollo; - la creación de capacidades mediante el intercambio de información, experiencias y competencias, así como mediante la formación de recursos humanos en los países en desarrollo, tanto en el sector público como privado, especialmente en materia de capacidades estratégicas y de gestión, de elaboración y aplicación de políticas, de promoción de la distribución de bienes y servicios culturales, de fomento de pequeñas y medianas empresas y microempresas, de utilización de tecnología y de desarrollo y transferencia de competencias; - la transferencia de técnicas y conocimientos prácticos mediante la introducción de incentivos apropiados, especialmente en el campo de las industrias y empresas culturales; - el apoyo financiero.
Además, la Convención en su artículo 15 establece que las partes alentarán la creación de asociaciones entre el sector público, el privado y organismos sin fines lucrativos, así como dentro de cada uno de ellos a fin de cooperar con los países en desarrollo en el fortalecimiento de sus capacidades con vistas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Estas asociaciones harán especial hincapié en el fomento de las infraestructuras, recursos humanos y políticas, así como en el intercambio de actividades, bienes y servicios.
Medidas Para la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, se promoverá, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a programas de protección, conservación y rehabilitación del patrimonio cultural, tanto material como el inmaterial, incluyendo el patrimonio arquitectónico, documental, fílmico, pictórico, musical, literario y lingüístico y valorando la aportación de las mujeres al respecto.
- Apoyo al fortalecimiento de las instituciones culturales en el ámbito local y regional: museos, archivos y bibliotecas.
- Apoyo a programas de fomento de la promoción de las expresiones culturales propias, promoviendo la participación de las mujeres en los circuitos.
- Apoyo a programas de formación de recursos humanos e intercambio de experiencias en materia de gestión cultural, elaboración y planificación de políticas, de promoción de las expresiones culturales y utilización de nuevas tecnologías.
- Apoyo al fortalecimiento de las industrias culturales y puesta en marcha de programas para emprendedores.
- Apoyo a programas para el fomento turismo cultural.
- Intervenciones específicas para los pueblos indígenas y grupos étnicos referidas en la prioridad de los grupos vulnerables.
Línea prioritaria 8: Fomento de la ordenación física, territorial y urbanística, incluyendo la política de suelo y vivienda, la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y el transporte público.
La Junta de Andalucía tiene una experiencia importante en materia de ordenación física, territorial y urbanística y ello ha generado la implementación de diferentes intervenciones de desarrollo en dichos ámbitos en diferentes países de Iberoamérica y del Mediterráneo. En este contexto, la Consejería de Obras Públicas y Transportes viene desarrollando desde hace más de quince años, en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo, una decidida política de colaboración para la recuperación y revitalización de las ciudades.
De manera principal esta colaboración ha supuesto la definición y ejecución, a través de la actuación de instituciones públicas, de proyectos en materia de vivienda, con especial referencia a la rehabilitación, dirigidos a colectivos sociales de escasos recursos económicos y a la recuperación de inmuebles y espacios urbanos de acentuado interés arquitectónico y urbanístico, contando para ello con la participación de la población beneficiaria. Al mismo tiempo se han desarrollado actuaciones de fomento y difusión del hecho arquitectónico, así como de capacitación en materia y técnica de gestión.
El objetivo más inmediato ha sido colaborar, en países en vías de desarrollo, en el avance de las políticas locales de aquellas instituciones públicas que han manifestado un claro interés en acometer programas que solucionen las condiciones de alojamiento y la planificación urbana y territorial, la mejora de los servicios públicos, la recuperación del patrimonio edificado y en la difusión de los valores arquitectónicos.
Las poblaciones destinatarias de las acciones más directas han sido siempre sectores de un bajo nivel de recursos económicos, y su mantenimiento en el lugar de residencia, substancialmente mejorado, ha constituido además un objetivo primordial de las acciones.
Las actuaciones acometidas en este período se han desarrollado en tres líneas básicas: - Actuaciones de rehabilitación residencial de inmuebles de interés arquitectónico en Centros Históricos, ocupados por poblaciones de escasos recursos económicos. Con frecuencia las actuaciones se desarrollan en ámbitos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
- Actuaciones de fomento de la arquitectura. Esta línea de trabajo ha contemplado la creación de programas editoriales, la participación en Bienales, Congresos, Seminarios y la exhibición de exposiciones sobre política de vivienda y arquitectura.
- Actuaciones de formación y asistencia técnica. Estas actuaciones persiguen la capacitación de técnicos locales vinculados a los proyectos cuya formalización y ejecución es objeto de cooperación. La asistencia técnica está permitiendo la colaboración en la elaboración de numerosos proyectos de alto interés para las instituciones locales, tales como planes de ordenación territorial y urbanística.
En esencia se ha pretendido apoyar políticas locales en materia de vivienda, protección del patrimonio arquitectónico, planificación territorial y urbana, y el fomento y la formación técnica en estas áreas de actividad.
Medidas Partiendo de la experiencia adquirida, se promoverá, en entornos, mayoritariamente locales, la ejecución de medidas contenidas en la siguiente relación: - Apoyo a actuaciones de rehabilitación urbana de sectores de la ciudad existente, centros históricos y barrios, que persigan, a la vez que su recuperación física y patrimonial, la mejora de las condiciones de alojamiento de la población residente, con especial atención a los sectores con menores recursos.
- Apoyo a programas de rehabilitación residencial de inmuebles degradados con interés arquitectónico, en centros históricos relevantes, con frecuencia declarados Patrimonio de la Humanidad, ocupados por población con escasos recursos económicos. De manera que mediante estas actuaciones de rehabilitación, se garantice la permanencia de esta población en su lugar de residencia.
- Asistencia técnica, formación de recursos humanos y apoyo en fortalecimiento institucional para la elaboración de planes de ordenación territorial y urbana.
- Asistencia técnica y asesoramiento en materia de política de vivienda y rehabilitación del patrimonio arquitectónico.
- Formación de técnicos, profesionales y otros agentes vinculados a los procesos de gestión y rehabilitación urbana.
- Acciones de fomento de la arquitectura, encaminadas a difundir la exigencia de un patrimonio arquitectónico de valor que es necesario recuperar y proteger, mediante la celebración de seminarios, congresos, exposiciones, participación en Bienales de Arquitectura y el desarrollo de una línea editorial específica dedicada a la arquitectura de las ciudades.
- Apoyo a programas destinados a crear o fortalecer sistemas de información estadística multitemática y multiterritorial que permitan acceder a datos del entorno físico, demográfico, económico y social de cualquier parte del correspondiente ámbito territorial en el que se intervenga.
- Apoyo a programas de fomento del uso del transporte público.
En la realización de estas intervenciones se tendrá en cuenta la aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseños para todas las personas con objeto de procurar el libre acceso a los entornos de las personas con discapacidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: CONSOLIDAR LA ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA Resultado esperado: «Diseñado y puesto en marcha un modelo de Acción Humanitaria adaptado a las características de la cooperación andaluza y capaz de responder con la máxima prontitud y eficacia en situaciones de emergencia, prevención, rehabilitación, reconstrucción y crisis permanentes.» La Acción Humanitaria es la política de cooperación que más repercusión e impacto tiene en la sociedad andaluza por los efectos que producen las catástrofes naturales y bélicas que la originan. En los últimos años, dichas catástrofes se han incrementado considerablemente en número y complejidad.
Sus consecuencias y repercusiones requieren de una respuesta solidaria, coordinada y eficaz desde Andalucía. En este sentido, le corresponde al PACODE desarrollar e implementar un modelo específico de Acción Humanitaria que garantice una intervención integrada, que incluya todas las actuaciones orientadas hacia la población vulnerable y/o víctima de catástrofes naturales o bélicas, con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección en el futuro. En este sentido y dada la mayor vulnerabilidad de la mujer en situaciones de crisis, se ha de tener muy en cuenta el enfoque de género en la definición y ejecución de la Acción Humanitaria.
La Acción Humanitaria debe estar presidida por los siguientes principios: humanidad, universalidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, consentimiento, participación de los damnificados y testimonio.
Con el objeto de garantizar la eficacia de la Acción Humanitaria, se deberá implicar al mayor número de agentes andaluces de cooperación en su ejecución y para ello será necesario que los mismos dispongan de conocimiento de la zona de intervención, presencia previa con estructura propia y experiencia en acciones humanitarias similares. Con ese mismo objetivo de eficacia, se concentrará la Acción Humanitaria, de forma prioritaria, en las áreas y países en los que se ejecuta la ayuda de cooperación para el desarrollo.
La sociedad andaluza debe estar implicada en la Acción Humanitaria que se ejecute desde Andalucía por lo que deberá ser informada, por un lado, sobre la situación de vulnerabilidad que sufre la población afectada por desastres y, por otro, de las medidas que la administración autonómica y demás agentes de cooperación andaluces adopten para contribuir a paliarla.
La acción humanitaria abordará las siguientes fases: - Previa al desastre. Se aplicará el enfoque de la prevención y gestión de riesgos actuando sobre las causas de los desastres, para evitar o reducir las consecuencias que los riesgos pueden tener en una población determinada, sean conflictos o desastres naturales. Consiste en la actuación sobre colectivos vulnerables o población en riesgo. Esto implica vincular las emergencias con las acciones de desarrollo a largo plazo e incluye medidas y formas de intervención que tienden a evitar, prevenir, reducir y gestionar los desastres. Estas actuaciones se incluirán en los Programas Operativos de los Países Prioritarios de la Cooperación Andaluza, en riesgo de padecer estas crisis.
- Respuesta ante el desastre. Se inicia a partir del momento de la catástrofe que provoca el desastre o ante situaciones de crisis crónicas o de larga duración. En esta fase, las acciones se concentrarán en aliviar el sufrimiento de la población, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad. Cuando la intervención sea de emergencia posdesastre, se trabajará en coordinación con la AECID y con la OTC de la misma en el correspondiente país para determinar el tipo de intervención a realizar desde Andalucía.
- Rehabilitación y reconstrucción. Se trata del conjunto de acciones que serán llevadas a cabo después de una catástrofe para restablecer el funcionamiento de los servicios esenciales, recuperar la capacidad productiva de las personas, las familias y las comunidades, reparar los daños materiales y sentar las bases para un desarrollo sostenible de las poblaciones afectadas. La rehabilitación y la reconstrucción constituyen un nexo imprescindible entre la acción humanitaria y los procesos generales de desarrollo. Así, la fase de rehabilitación deberá contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las personas beneficiarias y a mejorar su calidad de vida, por lo que aparecerá siempre vinculada a las intervenciones de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades. En esta fase se prestará atención a la situación de riesgo generada por los impactos del cambio climático.
Las distintas fases se abordarán de una forma integral, teniendo en cuenta que las actuaciones en la fase de emergencia, por su carácter de urgencia, podrán desarrollarse de forma autónoma en el momento de la catástrofe.
Para diseñar e implementar un modelo de Acción Humanitaria, adaptado a la realidad andaluza y a las exigencias de este ámbito de la cooperación en los términos que se han señalado, el Plan establece dos líneas prioritarias de actuación que desarrolla a través de sus correspondientes medidas.
Línea prioritaria 1: Integración de la Acción Humanitaria como elemento fundamental de la Política de Cooperación al Desarrollo andaluz Medidas - Creación de un departamento específico de Acción Humanitaria dentro del organigrama de la AACID.
- Ejecución de intervenciones en las diferentes fases de la Acción Humanitaria en función de las necesidades, teniendo en cuenta en su formulación la mayor vulnerabilidad de la mujer en situaciones de crisis.
- Identificación de las capacidades de los agentes de cooperación para intervenir en las distintas fases de la cooperación.
- Definición y ejecución de procedimientos específicos de financiación de las acciones humanitarias.
- Concentración de la Acción Humanitaria, de forma prioritaria, en los países en los que se ejecuten intervenciones de desarrollo.
- Información a la sociedad andaluza sobre la Acción Humanitaria que se ejecute.
- Elaboración de un Código de Conducta al que adherirse para la ejecución de actuaciones de Acción Humanitaria con fondos del presupuesto andaluz.
Línea prioritaria 2: Diseño de mecanismos de coordinación de las actuaciones de Acción Humanitaria Medidas - Definición del papel de los distintos agentes andaluces de cooperación en cada una de las fases de la Acción Humanitaria.
- Creación del Grupo de Trabajo Operativo de Acción Humanitaria dentro del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Coordinación con la AECID y las OTC para la definición de las intervenciones en la fase de emergencia y reconstrucción.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECER LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA Resultado esperado: «Diseñado y puesto en marcha un modelo de Educación para el Desarrollo, sensibilización y cultura de paz adaptado a las características y particularidades de la sociedad andaluza y de la política andaluza de cooperación para el desarrollo.» La globalización está produciendo una brecha cada vez mayor entre sociedades que se benefician de este proceso y sociedades que están marginadas de él. El pueblo andaluz es un pueblo solidario, sin embargo es necesario desarrollar actuaciones para que este compromiso sea perdurable y cada vez más participativo. En este sentido, se debe fomentar en Andalucía una cultura de la solidaridad y del compromiso con la situación de pobreza que padece una gran parte de la población mundial.
Según el artículo 13 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se entiende por Educación para el Desarrollo el conjunto de acciones destinadas a promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas en favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo.
El Preámbulo de la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, establece que la cultura de la paz la forman todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos, creencias que acaban conformando la paz y que dicha cultura se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz, la no-violencia y los derechos humanos, de la promoción de la investigación para la paz, de la eliminación de la intolerancia, de la promoción del diálogo y de la no-violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos.
El PACODE promoverá la Educación para el Desarrollo y la Cultura de Paz. Las actuaciones que se ejecuten en este ámbito estarán presididas por los principios de coherencia y coordinación entre las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, con competencia en la materia, y de participación e implicación de todos los agentes de la cooperación andaluza y de la sociedad andaluza, incluyendo a los medios de comunicación.
Para lograr este objetivo del PACODE se trabajará en torno a lo siguiente: - Facilitar una comprensión global de las cuestiones de desarrollo y de los mecanismos que generan las desigualdades mundiales.
- Facilitar la comprensión de la interdependencia entre las sociedades de las diferentes regiones del mundo.
- Facilitar la adquisición de una visión constante y crítica sobre la realidad, tanto a escala local, como global.
- Promover el diálogo entre los ciudadanos a través de la interculturalidad basada en la igualdad, el respeto a la diversidad y el respeto mutuo.
- Promover los valores, comportamientos y aptitudes favorables a la cooperación, la paz, la justicia, los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.
- Potenciar la capacidad de los ciudadanos a movilizarse y comprometerse en acciones colectivas de solidaridad.
- Promover la creación de redes estables entre los agentes de cooperación y entre estos y la sociedad andaluza.
- Promover una cultura de la responsabilidad en los intercambios económicos conforme a los principios del comercio justo y el consumo responsable.
Para alcanzar el objetivo 3 del PACODE se creará un departamento específico de Educación para el Desarrollo dentro del organigrama de la AACID y se establecen las siguientes medidas agrupadas en tres líneas prioritarias de actuación.
Línea prioritaria 1: Intervención en procesos educativos Medidas - Promoción de actividades de Educación para el Desarrollo en todos los niveles educativos, en coordinación con la Consejería de Educación y con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, potenciando la participación de la comunidad educativa y estimulando el interés y el compromiso por un mundo más justo y solidario.
- Promoción de metodologías que respondan a los objetivos de la Educación para el Desarrollo.
- Formación inicial y continua de los agentes educativos en Educación para el Desarrollo.
- Integración de la Educación para el Desarrollo en los ámbitos de la educación no formal.
- Creación de redes e intercambio de experiencias, recursos materiales/didácticos y conocimientos entre agentes andaluces y entre agentes del Sur y del Norte para impulsar la Educación para el Desarrollo.
Línea prioritaria 2: Sensibilización Medidas - Realización de campañas de sensibilización, con la participación de todos los agentes de cooperación andaluces.
- Promoción de espacios de intercambio y comunicación social entre los agentes de la cooperación andaluza y los medios de comunicación.
- Promoción del diálogo entre la Administración, las ONGD y las empresas para potenciar la Responsabilidad Social Empresarial.
- Realización de campañas institucionales para visualizar las acciones de Educación para el Desarrollo.
Línea prioritaria 3: Cultura de Paz Medidas - Refuerzo de la imagen de Andalucía como tierra de encuentro de civilizaciones y culturas.
- Participación en la Alianza de Civilizaciones y en iniciativas nacionales o internacionales de promoción de la paz y prevención de conflictos, contando con la colaboración de las diferentes instituciones que tienen sede en Andalucía (Fundación Tres Culturas, El Legado Andalusí, la Casa Árabe y la Fundación Barenboim) e implicando en el desarrollo de las actividades a los distintos agentes de la cooperación andaluza.
- Fomento de la Cultura de la Paz mediante el Plan Andaluz de Educación para la promoción de la Cultura de la Paz y la No-Violencia.
- Colaboración con la Administración General del Estado para la realización de los fines de la Cultura de Paz, previstos en el artículo 2 de la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: MEJORAR EL CICLO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA Resultado esperado: «Los agentes cuentan con herramientas y procedimientos comunes para la planificación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones financiadas con fondos del presupuesto andaluz.» Línea prioritaria 1: Mejora de la planificación andaluza El PACODE es el elemento básico de planificación de la política de cooperación andaluza en el que se establecen sus objetivos, prioridades y recursos financieros indicativos. Estos deben ser concretados y adaptados a cada contexto mediante la elaboración de programas más específicos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, son los Programas Operativos.
Para ello, durante el período de vigencia del PACODE se diseñarán y pondrán en marcha mecanismos que permitan avanzar en la planificación de todas las actuaciones.
Los procesos de planificación de estos programas deberán contar con la participación de todos los agentes andaluces y observar los Principios Operativos del PACODE, asegurando que se tienen en cuenta las políticas de desarrollo de los países receptores, así como la coordinación y complementariedad con otros actores de la cooperación, especialmente la española, que operan en cada contexto.
La programación deberá, además, orientarse a la consecución de resultados, por lo que la planificación se basará en la definición de objetivos concretos, susceptibles de medición y en un posterior análisis y selección de la alternativa óptima para lograrlos.
Medidas Las medidas contempladas en esta línea de actuación consisten en la elaboración de los Programas que configurarán la instrumentación del PACODE de acuerdo con los principios expuestos. La presentación de cada medida se acompaña de una descripción del programa respectivo. Asimismo se elaborará el Plan Anual.
- Programas Operativos por país prioritario.
Para cada país prioritario se aprobará un Programa Operativo.
Para asegurar el principio de apropiación y con el objetivo de consolidar políticas públicas, para su elaboración se tendrá en cuenta la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el Plan de Desarrollo Nacional y/o los instrumentos de planificación sectoriales del país en cuestión. Para su aprobación se firmará con la administración competente de cada uno de ellos una Declaración de Intenciones para la cooperación de la Junta de Andalucía con dicho país. Asimismo, cada programa operativo será objeto de consulta y consenso con los agentes de la cooperación andaluza.
Los Programas operativos por país prioritario contemplarán, para un período de cuatro años, los ejes prioritarios de desarrollo, las medidas y las actuaciones y la financiación orientativa, que especificará la cofinanciación de la contraparte.
De acuerdo con las estrategias de las administraciones del país receptor de la ayuda, del Documento Estrategia País de la Cooperación española y de las propuestas de los agentes de la cooperación andaluza se incluirán el Programa Operativo dos tipos de intervenciones: a) Actuaciones de desarrollo integral, en una o varias zonas concretas del país.
b) Actuaciones sectoriales, en todo el país y en consonancia con los ejes prioritarios contenidos en la Declaración de Intenciones.
- Programas operativos con enfoque regional.
En el marco de las prioridades geográficas definidas, se elaborarán los Programas operativos con enfoque regional que integren las actuaciones de apoyo a procesos de integración regional (como pueden ser el área centroamericana, la región andina o el Magreb), a la cooperación transfronteriza y a determinados sectores de ámbito regional. En estos programas se definirán las prioridades y los subprogramas para cada área específica.
- Programas operativos con enfoque sectorial.
En apoyo de las resoluciones de las Cumbres Iberoamericanas y Africanas, se elaborará un programa operativo en el que se definirán las actuaciones sectoriales que tendrán un ámbito continental.
- Programa Operativo de Acción Humanitaria.
Se elaborará un Programa Operativo de Acción Humanitaria en el que se establecerán las bases y objetivos del modelo andaluz de Acción Humanitaria a partir de los términos establecidos en el Objetivo específico 2 del PACODE.
- Programa Operativo de Educación para el Desarrollo.
Se elaborará un Programa Operativo de Educación para el Desarrollo en el que se establecerán las bases y objetivos del modelo andaluz de educación para el desarrollo, sensibilización y cultura de paz a partir de los términos establecidos en el Objetivo específico 3 del PACODE. En él se integrarán actuaciones destinadas a informar a la población andaluza sobre la pobreza y sus causas.
- Programa Operativo de Formación e Investigación en cooperación para el desarrollo.
Se elaborará un Programa Operativo de Formación e Investigación en el que se establecerán las bases y objetivos de la formación de los agentes de la cooperación y la investigación en materia de cooperación a partir de los términos establecidos en la Línea Prioritaria 5 del Objetivo específico 5 del PACODE.
- Planes anuales.
Se aprobará un Plan Anual de la cooperación donde se desarrollarán los objetivos, prioridades y recursos indicativos para cada uno de los años de vigencia del PACODE.
Línea prioritaria 2: Mejora de los mecanismos de gestión y ejecución de la cooperación andaluza El PACODE, como documento estratégico de referencia para la cooperación andaluza, ha de definir y desarrollar los distintos elementos que deben configurar la gestión y ejecución de la cooperación andaluza. En la medida en que serán de obligado cumplimiento para los distintos agentes que ob- tengan ayuda de la Junta de Andalucía, la AACID deberá promover su conocimiento y aplicación por parte de aquellos.
En este sentido, se deberá disponer de una Guía de la Cooperación Andaluza que englobe todas las fases, desde la identificación, formulación, valoración, aprobación y financiación de las intervenciones hasta la justificación y evaluación. Se trata de dotar de coherencia al ciclo integrado de la cooperación andaluza y garantizar su conocimiento de los procedimientos por parte de los distintos agentes. Se hará especial hincapié en asegurar la congruencia de las intervenciones, tanto en su diseño como en su aplicación, con los principios operativos y prioridades horizontales establecidas en el PACODE.
Para la gestión de la cooperación existen ya instrumentos cuyo uso habrá que fomentar. El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo fue creado por el artículo 19 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, y su regulación fue aprobada por el Decreto 172/2005, de 19 de julio.
Es de carácter público y está adscrito a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y tiene, entre otras, las siguientes funciones: - La inscripción de los agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía.
- La actualización de los datos registrales y, en su caso, su cancelación.
- Servir de base de datos para hacer investigaciones sobre la realidad de la cooperación en Andalucía.
El Registro entró en funcionamiento en el mes de febrero de 2006. Hasta la fecha de aprobación del PACODE son más de 150 las ONGDs y otras entidades inscritas. En el ámbito de aplicación del Plan se reforzará su faceta de constituir un referente para la labor de información e investigación de la cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía.
Por otro lado, la relación entre la Administración y los administrados se ha visto agilizada mediante las nuevas tecnologías y, en este sentido, se ha regulado desde la Administración autonómica la tramitación telemática de las subvenciones y de otros procedimientos. En este sentido, la cooperación andaluza debe beneficiarse de los avances en las comunicaciones e instrumentar para ello el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre la AACID y los distintos agentes de la cooperación.
Medidas - Diseño e implementación de un sistema de verificación de la pertinencia de las intervenciones de cooperación de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 14/2003.
- Revisión y mejora de los mecanismos procedimentales y de gestión de las diferentes modalidades e instrumentos de apoyo de la cooperación andaluza.
- Promoción de la utilización del Registro de Agentes de la Cooperación Andaluza para labores de coordinación e investigación.
- Incorporación de la tramitación telemática en el procedimiento de inscripción en el Registro de Agentes.
- Incorporación de la tramitación telemática a los procedimientos de concesión de subvenciones para proyectos y programas de los distintos agentes andaluces.
- Aprobación y difusión de la Guía de la Gestión de la Cooperación.
Línea prioritaria 3: Mejora de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación andaluza La Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo dedica el artículo 9 a la evaluación, estableciendo que se fijarán reglamentariamente los procedimientos para realizar una evaluación de impacto, eficiencia y sostenibilidad de los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por la Administración de la Junta de Andalucía, y que se destinarán los medios adecuados para ello.
Igualmente prevé que con carácter anual, se elaborará un informe de evaluación que contendrá un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el PACODE y en los respectivos planes anuales y programas operativos, así como las conclusiones obtenidas de la evaluación de los proyectos ya finalizados.
En desarrollo de este artículo, el PACODE confiere a la evaluación un papel fundamental al servicio de la mejora de la planificación y gestión, con el objetivo de aumentar la calidad y eficacia de la ayuda, y así la concibe como una herramienta relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de los programas y líneas de actuación propuestos.
En desarrollo de lo previsto en la Ley, y una vez en vigor el Plan, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía deberá definir los procedimientos para la realización del seguimiento y la evaluación de la cooperación de la Junta de Andalucía, que serán aprobados por Decreto. A continuación, la AACID definirá la metodología de la evaluación tomando como base la definida por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y para la Cooperación (MAEC) y lo acordado por los principales organismos internacionales.
En todo caso, y recogiendo las orientaciones del MAEC, los principios que informarán la metodología y los procedimientos del seguimiento y evaluación de la cooperación andaluza son los siguientes: - Una aproximación integral de la evaluación: esta concepción de la evaluación amplía y desarrolla la perspectiva tradicional que la considera la última etapa en el proceso de elaboración de los planes y políticas públicos para entenderla como un proceso que constituye una parte fundamental del ciclo integrado de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo donde, junto al seguimiento, retroalimenta el proceso de planificación, permitiendo el incremento progresivo y continuo de la eficacia del Plan, proporcionando insumos de cara a la incorporación de experiencias y lecciones aprendidas en el siguiente ciclo de planificación.
Los esfuerzos irán dirigidos a la institucionalización e integración del seguimiento y evaluación en todas las etapas del ciclo de la política andaluza de cooperación, sentando las bases para la construcción de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación articulado y coordinado, que permita detectar buenas prácticas e incorporar las lecciones aprendidas y que esté armonizado con los procedimientos establecidos para la evaluación de la cooperación a nivel nacional y por los principales organismos internacionales.
En este sentido, no se va a centrar exclusivamente en el examen de los resultados e impactos, sino que, además, informará el diseño, gestión y procesos de aplicación. Además, el enfoque metodológico por el que se apuesta compensará el sesgo hacia las evaluaciones de proyectos, ampliando la unidad de análisis hacia la evaluación de políticas y estrategias.
- Un marco metodológico y procedimental común para todos los agentes, que asegure la homogeneidad de criterios e instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados por los agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía. Para ello, la metodología debe incluir una propuesta vertebradora de responsabilidades de seguimiento y evaluación entre los distintos niveles operativos y estratégicos de planificación establecidos en el PACODE, de forma que la actividad evaluadora realizada por cada agente permita valorar la calidad de su intervención y arroje resultados válidos para el resto de niveles operativos y de planificación de la política de cooperación andaluza.
- Con un enfoque pluralista y participativo, en el que predomine la orientación de la evaluación hacia el aprendizaje y la utilización de resultados. La participación activa de los agentes implicados, por una parte, potenciará el uso y la utilidad de la evaluación y, por otra, favorecerá la apropiación de las lecciones extraídas y fortalecerá las capacidades institucionales.
Para canalizar la participación de los agentes en el proceso de evaluación se configurará en el marco del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo una estructura de apoyo específica para el proceso de evaluación en la que formarán parte, respetando el enfoque de género, los principales agentes de cooperación internacional para el desarrollo: las ONGDs, las universidades, las organizaciones sindicales y empresariales, la propia Administración Autonómica y todas aquellas entidades que tengan un acervo derivado de su propia experiencia. Además de este canal de participación, durante el desarrollo de las evaluaciones podrán constituirse Comisiones Mixtas o Comités de Seguimiento que representen a los principales intereses implicados en cada evaluación (evaluados y evaluadores) y cuya función, de carácter técnico, será la de dar seguimiento a los procesos evaluativos puestos en marcha.
- Con un sistema de comunicación, divulgación y difusión de los resultados para favorecer el uso de los resultados de las evaluaciones, y reforzar la retroalimentación y aprendizaje de la evaluación. Se definirá un mecanismo de comunicación, divulgación y difusión de los resultados evaluativos y otro de recomendaciones a partir de las conclusiones de las evaluaciones, con una propuesta de mejoras para su aplicación en la gestión y el diseño de la política actual o la programación de nuevas actuaciones.
- Con un sistema de seguimiento ágil, oportuno y eficaz; uno los condicionantes del alcance y costes de una evaluación es la cantidad, y sobre todo la calidad, de la información disponible acerca de lo realizado y sus resultados. Además, toda aquella información relevante sobre la evolución del PACODE que no se vaya recabando y sistematizando durante su aplicación dificultará la toma de decisiones sobre las medidas a emprender.
Por ello la metodología de la evaluación debe sentar las bases para la construcción de un sistema de seguimiento adecuado, útil a planificadores, gestores y evaluadores, que permita conocer periódicamente cómo se están desarrollando las medidas y qué efectos están causando, identificando los puntos críticos en la aplicación del Plan y recopilando la información necesaria para las evaluaciones.
El sistema de seguimiento se sustentará en la definición de un conjunto de indicadores, variables que describan y recojan información de carácter cualitativo y cuantitativo sobre los distintos aspectos del Plan. En su formulación se tendrá en cuenta que sean pertinentes, consistentes, objetivos, fáciles de interpretar, comparables, accesibles y viables. Estos indicadores básicos servirán de referencia para la construcción de los indicadores de eficacia, que comparan lo realizado con lo previsto y de otros indicadores de carácter más global.
La ruta de análisis en la definición de estos indicadores seguirá de abajo a arriba la cadena lógica de planificación, remontando desde la ejecución de las medidas concretas (indicadores de realización) hasta los descriptores que permitan verificar el logro de los resultados (indicadores de resultado) y de los objetivos específicos y generales (indicadores de impacto).
El artículo 9 de la Ley establece que se destinarán los medios adecuados para la realización del seguimiento y evaluación de la cooperación. Para determinar los medios que serán necesarios para el seguimiento y la evaluación de la cooperación se ha de tener en cuenta que los informes de ejecución física y financiera, se elaboran sobre la base de los indicadores de seguimiento formulados, mientras que la realización de las evaluaciones requiere información adicional derivada de fuentes primarias de información y la realización de estudios específicos sobre determinados aspectos.
Por ello, habrá funciones que podrán elaborarse internamente, con recursos propios de la AACID, creando dentro de su estructura un departamento específico de seguimiento y evaluación de la cooperación dotado adecuadamente a las dimensiones de sus tareas.
Para la realización de determinadas funciones de la evaluación, se contará con un equipo de evaluación externo que preste asistencia técnica, pudiendo optar por una evaluación mixta, en la que se implique al personal técnico de la AACID, respetando en todo momento los principios de independencia e imparcialidad.
Medidas - Aprobación del Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regulan los procedimientos de seguimiento y evaluación de la cooperación andaluza.
- Elaboración por parte de la AACID de la metodología para el seguimiento y la evaluación de la cooperación andaluza.
- Definición por parte de la AACID del contenido del Plan Anual de Evaluación y elaboración de un informe durante cada uno de los años de vigencia del Plan.
- Definición del mecanismo de comunicación, divulgación y difusión de los resultados y recomendaciones a partir de las conclusiones de la evaluación.
- Creación, dentro de la estructura de la AACID, de un departamento específico para el seguimiento y evaluación de la cooperación.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y APOYAR SUS INTERVENCIONES Resultado esperado: «Los agentes de la cooperación andaluza ponen en marcha de forma coordinada las actuaciones previstas en el PACODE contando para ello con apoyos específicos según su naturaleza y funciones.» Una de las características de la cooperación andaluza es la pluralidad y diversidad de agentes que participan en esta política pública, que es sinónimo de un gran potencial para contribuir al cumplimiento del objetivo general del Plan. Ello requiere de un esfuerzo orientado a fortalecer sus capacidades, apoyar sus intervenciones de cooperación y establecer mecanismos que aseguren la complementariedad y coordinación de sus actuaciones.
Línea prioritaria 1: Participación de los agentes andaluces en el desarrollo del Plan Los Agentes de la cooperación andaluza La Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla una serie de referencias a los agentes de la cooperación andaluza. El artículo 4, relativo a las prioridades, expresa en su apartado 4.3.2.c) «El fomento de una mayor implicación, coordinación, complementariedad en las tareas de cooperación para el desarrollo de los diversos agentes de la cooperación andaluces».
El artículo 12, entre las funciones de la Consejería competente en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señala en su apartado d) «La colaboración y el apoyo a los agentes de la cooperación andaluces».
Por último, el artículo 17, sobre los agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía, expresa en su apartado 2 «Los agentes de cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía que participen en este ámbito, como expresión colectiva de la solidaridad de la sociedad andaluza con los más necesitados, se constituyen en interlocutores permanentes de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de cooperación para el desarrollo. Esta interlocución se llevará a cabo a través de los órganos representativos de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, entidades locales, organizaciones sindicales y empresariales, así como de otras organizaciones que desarrollen actuaciones enmarcadas en los objetivos y prioridades previstos en la presente Ley».
A continuación se expone la experiencia de cada uno de ellos y medidas de actuación para alcanzar los objetivos del Plan.
La Administración de la Junta de Andalucía Según el artículo 12 de Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo «Corresponde a la Consejería competente en materia de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo la dirección, la coordinación y la evaluación de la política de la Junta de Andalucía en esta materia».
Como órgano gestor de esta política, la Ley 2/2006, crea la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Según dicha norma corresponden a la AACID, entre otras, las siguientes funciones: - La gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Proponer a la Consejería a la que esté adscrita el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo, los Planes Anuales y los Programas Operativos.
- Ejecutar el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo.
- Gestionar líneas de ayudas de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Fomentar la actividad y participación de los diferentes agentes andaluces.
- Facilitar la integración y coordinación de los actores de la cooperación bajo los principios de complementariedad y calidad.
Además de las anteriores funciones, la AACID tiene la responsabilidad de la gestión de la cooperación de la Administración andaluza. En este sentido, tiene como labor la preparación de los Memoranda de Entendimiento con los países prioritarios y la gestión de los programas y proyectos de cooperación que se ejecuten desde la Administración autonómica.
El sistema competencial de la Administración de la Junta de Andalucía es un valor añadido que se pone a disposición de otras Administraciones y de otros pueblos. Cuenta con una experiencia propia de desarrollo en una gran variedad de sectores y, asimismo, con un acervo legislativo y reglamentario que puede ser útil para las administraciones de los países del Sur; a ello debe unirse el potencial de los recursos humanos de la administración autonómica. Además, la experiencia en descentralización de políticas puede ser particularmente útil para países que están inmersos en estos procesos.
En el marco del PACODE se va a reforzar la cooperación de la Administración autonómica, aprovechando el potencial del que disponen las distintas Consejerías, Empresas Públicas, Organismos Autónomos y Fundaciones dependientes de aquellas de una forma coordinada para desarrollar una política de cooperación internacional más sólida y eficaz.
Medidas - Potenciación de la cooperación de la administración autonómica, asegurando la complementariedad con los otros agentes de la cooperación de Andalucía.
- Participación de las Consejerías en todo el ciclo del proyecto (identificación, formulación y coejecución), de forma coordinada con la AACID.
- Promoción de la participación de funcionarios en la ejecución sobre el terreno de la cooperación.
La Administración Local La cooperación para el desarrollo de las entidades locales andaluzas se ha consolidado desde que en los años 80 se establecieron las primeras partidas estables en los presupuestos de algunos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía destinadas a la cooperación. El presupuesto conjunto de la administración local andaluza dedicado a la cooperación internacional para el desarrollo se cifra en torno a los 20 millones de euros anuales.
Este incremento de fondos ha venido unido además de la mejora paulatina en la calidad de la cooperación municipal.
La mejora en los procedimientos, en líneas estratégicas, en capacidad humana y técnica, así como en la capacidad de coordinación con otras administraciones, ha posibilitado una acción de cooperación local con carácter propio.
La cooperación municipal goza en Andalucía de una gran pujanza y una vitalidad, a la que se une, por el propio ejercicio de sus competencias y como entidades más cercanas a los problemas y necesidades de la ciudadanía, una capacidad de incidencia e impacto en los países receptores de la ayuda.
Concretamente, en el ámbito de la ayuda para el desarrollo es fundamental su apoyo a procesos de fortalecimiento institucional de los municipios, apoyo a procesos de fortalecimiento supramunicipal, gestión de servicios básicos a la comunidad y desarrollo local, principalmente. Es de destacar también su aportación a la Acción Humanitaria, mediante la fuerte movilización de la ciudadanía.
Las acciones de sensibilización, formación y promoción del voluntariado han supuesto una apuesta importante en numerosos entes locales que, en coordinación con organizaciones sociales y otras administraciones, trabajan por una mayor sensibilización de la ciudadanía andaluza.
Desde la Administración de la Junta de Andalucía se han coordinado actuaciones de cooperación internacional con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el Fondo de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
La FAMP ha constituido en su seno una Comisión de Cooperación al Desarrollo. Este hecho, junto con la creación en el año 2000 del FAMSI y el Convenio de Colaboración conjunto, es prueba del compromiso de los municipios andaluces con la cooperación internacional para el desarrollo.
El FAMSI se ha consolidado como instrumento de la política municipal de cooperación siendo un referente tanto en Andalucía como en los países prioritarios de la cooperación andaluza, promoviendo una política de cooperación activa de municipios, diputaciones, mancomunidades y diversos agentes sociales. Su inserción y potenciación en redes internacionales, ha permitido a los entes locales andaluces una incidencia internacional a favor de la solidaridad, la cooperación descentralizada, el fortalecimiento de un nuevo multilateralismo activo y el poder local.
En el marco del PACODE se promoverá una coordinación en las diferentes líneas de actuación de la cooperación municipal andaluza y se apoyará la intervención de las administraciones municipales en las distintas fases e instrumentos de la política de cooperación.
Medidas - Participación en programas de desarrollo, haciendo especial incidencia en el fortalecimiento institucional, en procesos de fortalecimiento supramunicipal, gestión de servicios básicos a la comunidad y desarrollo local.
- Participación en programas de Acción Humanitaria.
- Participación en programas de Educación para Desarrollo.
Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) constituyen la expresión de la solidaridad de la sociedad andaluza. Importante ha sido su aportación para los avances en la solidaridad con los pueblos más necesitados y especialmente en la firma de los Pactos Andaluces por la Solidaridad que impulsaron logros importantes de la cooperación andaluza. Asimismo, es de destacar la consolidación del movimiento de ONGDs en nuestra Comunidad Autónoma, a la que ha contribuido de forma determinante la Coordinadora Andaluza de ONGDs.
La Coordinadora Andaluza de ONGD, como plataforma que agrupa a la mayoría de las ONGDs que llevan a cabo su actividad en Andalucía, ha desarrollado en este ámbito sus fines de contribuir a la mejora de la cooperación internacional en y desde Andalucía. De manera especial ha sido un espacio desde el que se han podido aunar criterios comunes, evitar esfuerzos innecesarios y colaborar en la creación de una corriente de opinión favorable a las tendencias de las ONGDs y de la cooperación a nivel internacional entre la población andaluza.
Las ONGDs andaluzas han adquirido un creciente protagonismo en la elaboración, planificación y ejecución de la política de cooperación. Remarcable resulta su experiencia en la ejecución de programas de desarrollo que han abordado diferentes sectores, con una implicación particular en los sociales básicos. Asimismo, han contribuido a la creación y consolidación de contrapartes eficaces y con capacidad de interlocución en los países prioritarios de la cooperación andaluza.
En el ámbito de la educación y sensibilización han sido uno de los principales agentes en nuestra Comunidad Autónoma, fortaleciendo el tejido asociativo por la solidaridad y cimentando el compromiso de la sociedad andaluza por la erradicación de la pobreza y la generación de procesos de desarrollo.
En la Acción Humanitaria ha sido particularmente importante la ejecución de actuaciones, especialmente en las crisis producidas por catástrofes naturales o por conflictos bélicos.
El hecho de contar con un tejido asociativo en Andalucía y de contar con contrapartes en los lugares en los que se producen estas crisis le dan un valor añadido sobre el resto de los agentes de cooperación.
En el ámbito de la implementación de políticas públicas de cooperación es asimismo fundamental el papel jugado por las ONGDs. El desarrollo de la Ley de Cooperación andaluza, del cual este Plan es una parte esencial, se marcó desde la CAONGD como una prioridad fundamental. Para ello supuso un importante impulso el compromiso adquirido por parte de todos los grupos parlamentarios andaluces en marzo de 2004, durante la campaña autonómica, y concretado en el Compromiso Andaluz por la Solidaridad Internacional, enfocado a que los desarrollos normativos de la Ley Andaluza contribuyeran a fortalecer la cooperación andaluza, al mismo tiempo que se acompañara durante la legislatura con un incremento presupuestario encaminado a alcanzar en 2012 el 0,7% del presupuesto de la Junta de Andalucía, con un horizonte intermedio del 0,35% en 2008.
A través de la Coordinadora Andaluza las ONGDs han participado en el proceso de elaboración de este Plan haciendo propuestas, particularmente en materia de Educación para el Desarrollo, Acción Humanitaria y Género, y haciendo aportaciones en general a través de su Comité de Enlace, órgano de interlocución con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Medidas - Consolidación de la Coordinadora Andaluza de ONGD, como referente de las ONGDs andaluzas.
- Especialización y creación de redes y consorcios entre las ONGDs de Andalucía.
- Participación en la formulación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo en los países socios.
- Participación en la formulación y ejecución de programas y proyectos de la Acción Humanitaria - Participación en la formulación y ejecución de los programas y proyectos de la Educación para el Desarrollo.
Las Universidades El sistema universitario español, representado por la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas -en adelante CRUE-, aprobó en el año 2000 la «Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo» (ESCUDE) que se ha complementado con la declaración adoptada en 2001 «Universidad: Compromiso Social y Voluntariado», y con el posterior Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo de 2005, que consideran que «la Universidad debe asumir un papel protagonista en los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la práctica nuevas estrategias destinadas a construir una sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, la cooperación y el trabajo en el tercer sector».
Las Universidades han constituido y constituyen uno de los vectores del desarrollo de Andalucía. Asimismo, cuentan con una amplia experiencia en acciones de cooperación al desarrollo, especialmente en Iberoamérica y en el Norte de África. En este contexto, las Universidades andaluzas pueden cumplir un doble papel: por una parte, contribuir en la generación de estos procesos de desarrollo de los pueblos del sur e igualmente aprovechar el potencial educativo de la cooperación en la formación integral y crítica del alumnado, respondiendo al mismo tiempo a sus inquietudes.
Los ejes prioritarios de la cooperación universitaria son los siguientes: - Fortalecimiento Institucional de los sistemas universitarios del Sur, mediante la transferencia de conocimientos y tecnología, infraestructura y equipamientos, para lo cual las Universidades andaluzas han de estar dotadas de estructuras sólidas de cooperación para el desarrollo. Además, «las Universidades estudiarán las fórmulas necesarias para el reconocimiento académico de las actividades propias de Cooperación para el Desarrollo que lleve a cabo el personal docente e investigador, impulsando líneas de investigación en sus áreas de actividad, favoreciendo la implantación de asignaturas y líneas curriculares, estableciendo dentro de sus posibilidades, los procedimientos adecuados que permitan el desplazamiento a otros países para participar en proyectos de cooperación…» (artículo 17 del Código).
- Docencia e Investigación. En el ámbito de la docencia, las universidades promoverán la inclusión de la disciplina de cooperación al desarrollo o de materias afines en los planes de estudio de grado y de postgrado. Asimismo, fomentarán la cooperación y el intercambio docente en distintos programas con las universidades del sur.
- En el ámbito de la investigación se trata de contribuir a la consolidación de las Universidades objeto de la cooperación como vectores del desarrollo de sus propios países. Este eje incluirá la apertura de líneas de investigación sobre el estado y las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo, así como de temas afines a la misma (las causas de las desigualdades Norte-Sur, diagnósticos sectoriales, etc.).
- Formación, sensibilización y voluntariado. Las universidades deben potenciar las capacidades y los recursos humanos de sus contrapartes, en este sentido se apoyarán programas de formación y especialización destinados a estudiantes, profesores e investigadores procedentes de las áreas geográficas de intervención prioritaria, mediante la concesión de becas, el apoyo a la realización de cursos de postgrado y masters, seminarios y congresos específicos en Andalucía como en los países objeto de la cooperación, evitando la fuga de cerebros.
Asimismo, la universidad tiene la tarea de formar y sensibilizar a la Comunidad Universitaria en materia de Cooperación al Desarrollo; por tanto, se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a potenciar la educación para el desarrollo, la formación de cooperantes mediante cursos de especialización o master, y el voluntariado en programas de Cooperación Universitaria al Desarrollo.
- Creación de redes entre universidades, con objeto de contribuir al aprovechamiento de los recursos materiales y humanos de las instituciones, de compartir las lecciones aprendidas y las experiencias vividas y de fortalecer los proyectos o programas conjuntos.
Medidas - Formación sobre el desarrollo de los países del Sur y en materia de cooperación internacional para el desarrollo mediante becas, cursos de postgrado y masters; seminarios y congresos específicos en Andalucía como en los países objeto de la cooperación.
- Fortalecimiento Institucional de las universidades contrapartes.
- Fortalecimiento de las estructuras de cooperación de las universidades andaluzas.
- Realización de investigaciones y diagnósticos sobre el desarrollo de los países del Sur y en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
- Promoción de la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización de la comunidad universitaria.
- Promoción del voluntariado universitario.
Las organizaciones sindicales La misión general de las organizaciones sindicales en materia de política internacional para el desarrollo consiste en contribuir a la transformación social y económica hacia un mundo más justo y viable, fortaleciendo a las organizaciones sindicales y sociales para que puedan participar en el desarrollo humano de sus pueblos. Asimismo, es notable su contribución a la consolidación de las libertades democráticas, haciendo especial incidencia en los derechos laborales y sindicales, como elemento fundamental de la articulación de la sociedad civil.
En Andalucía, tienen como objetivo generar entre los trabajadores y trabajadoras, mediante la sensibilización, una creciente conciencia hacia las tareas de solidaridad internacional.
En este contexto, las principales organizaciones sindicales andaluzas (UGT y Comisiones Obreras) han jugado un importante papel en la consolidación del estado social democrático y de derecho y de defensa de las condiciones de trabajo e intereses de los trabajadores/as. Asimismo, ha sido esencial su implicación en los diferentes Acuerdos de Concertación Social, que de carácter tripartito, se vienen realizando en Andalucía ininterrumpidamente desde 1993, desarrollando un modelo de diálogo social que constituye un referente en España y en la Unión Europea.
Esta experiencia los sitúa en una posición estratégica para incidir en los procesos de cambio y en la consolidación de estructuras asociativas de los trabajadores en los países del sur. En este sentido, desde la Junta de Andalucía se han firmado una serie de Convenios con UGT y CC.OO. apoyando intervenciones relacionadas con sus competencias en el Norte de África, en Iberoamérica y en el África Subsahariana.
En el marco de la Agenda Internacional para el Desarrollo, desde la acción sindical en el último Congreso Mundial de la CIS se han adoptado Resoluciones sobre Cooperación Sindical al Desarrollo y las Normas Internacionales del Trabajo y los Convenios de la OIT.
El fortalecimiento de las organizaciones sindicales y sociales de los países en vías de desarrollo, es uno de los factores clave para luchar contra la pobreza y favorecer el desarrollo de los pueblos. La participación social favorece la democracia, la igualdad y un mayor desarrollo humano.
Las organizaciones sindicales andaluzas más representativas mantienen el compromiso de reforzar su participación en programas conjuntos con las organizaciones sindicales del Norte de África y del África Subsahariana. De la misma forma, en Iberoamérica plantean seguir apoyando, junto con la ORIT, los procesos de estructuración regional de las organizaciones sindicales. Posibilitando, sobre todo a través de la cooperación internacional al desarrollo, la defensa de los derechos humanos en el trabajo, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la promoción de la mujer trabajadora, el impulso de marcos democráticos de relaciones laborales y el impulso de sistemas públicos y universales de Seguridad Social.
La UGT y Comisiones Obreras han realizado una actividad eficaz en los ámbitos regional, estatal e internacional que es necesario afianzar y profundizar. Ambas organizaciones mantienen el compromiso de destinar el 0,7% de la cuota de sus afiliados a programas y proyectos de cooperación al desarrollo.
Medidas - Fortalecimiento institucional de las organizaciones sindicales de los países del Sur.
- Fomento del diálogo y la concertación social.
- Defensa de los derechos civiles y laborales y la formación de los trabajadores.
- Programas de generación de empleo y autoempleo.
- Realizar acciones orientadas a la sensibilización y la educación al desarrollo de los trabajadores y trabajadoras para implicarlos en la lucha contra la pobreza en el mundo en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.
Las organizaciones empresariales La Confederación de Empresarios de Andalucía Las organizaciones empresariales participan en diversas instancias públicas regionales, nacionales e internacionales.
Desde ellas pueden incidir en el despliegue de una política más activa de la comunidad internacional en beneficio del desarrollo de los países del Sur, jugando un importante papel en los procesos de consolidación democrática -como uno de los agentes del tripartismo representado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considerada como condición necesaria para la promoción del desarrollo humano.
Por otro lado las organizaciones empresariales juegan un importante papel como agentes económicos y sociales, en cuestiones de gobernanza democrática.
Hay que tener en cuenta que en aquellos países en los que las Organizaciones empresariales son plenamente reconocidas por los Gobiernos cuentan con sistemas participativos y democráticos.
Un ejemplo significativo es Andalucía donde la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la Junta de Andalucía y las dos organizaciones sindicales mayoritarias de la región, han firmado el VI Acuerdo de Concertación Social donde se expresa la firme voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Andalucía, mediante la negociación y concertación de actuaciones y medidas a tal fin, consolidando a ese efecto vías de diálogo. Y los cuales han contribuido al impulso económico que ha existido en Andalucía en los últimos 14 años.
Por ello la CEA ha jugado un importante papel en la consolidación del tejido productivo andaluz, siendo protagonista, al igual que los sindicatos, de los Pactos por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía.
Esta experiencia es insoslayable para contribuir a generar procesos de desarrollo productivo en los países prioritarios de la cooperación andaluza. En este sentido, desde la Junta de Andalucía se han apoyado acciones de cooperación de la CEA en Iberoamérica y en el Norte de África.
En este sentido, el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía suscrito el 25 de enero de 2005, refleja el compromiso de la CEA como organización empresarial, firmante del Acuerdo, junto con la propia Junta de Andalucía y las centrales sindicales más representativas de Andalucía, de impulsar un conjunto de medidas relacionadas con la contribución de las empresas andaluzas a la cooperación internacional para el desarrollo.
Medidas - Fortalecimiento institucional de las organizaciones empresariales de los países del Sur.
- La orientación, inserción y formación profesional y de fomento de vocaciones e iniciativas empresariales, todo ello dirigido a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
- Fomento de la vertebración y del diálogo social.
- Promoción de la instalación de la Responsabilidad Social Empresarial.
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio es una Corporación de Derecho Público que representa y coordina a las catorce Cámaras de Comercio de Andalucía fundamentalmente en lo relativo al asesoramiento y colaboración con la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Para ello impulsa un gran número de acciones y servicios que benefician al conjunto de las Cámaras y al empresariado andaluz tales como la formación y empleo, información y asesoramiento en materia de comercio exterior e interior y en materia ayudas públicas para el empresario andaluz. La Consejería de la Presidencia ha firmado un Convenio de Colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras para apoyar el fortalecimiento institucional de las Cámaras de Comercio del Norte de Marruecos y, en este sentido, puede jugar un papel en el fortalecimiento de las Cámaras de Comercio de los países socios como agentes de desarrollo.
Medidas - Fortalecimiento institucional de las Cámaras de Comercio de los países socios.
La Confederación de entidades para la Economía Social de Andalucía La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía es una organización empresarial intersectorial que aglutina a Organizaciones de empresas de economía social y a empresarios autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como misión fundamental la defensa de los intereses de este colectivo empresarial y pretende dar repuesta al fomento de la capacidad emprendedora y empresarial, a la creación de empleo en zonas geográficas donde la economía convencional está ausente o en crisis y a la integración laboral y social de personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Experiencia de cooperación.
Medidas - Promoción de la economía social.
- Formación en materia de economía social.
- Fortalecimiento institucional de Organizaciones nacionales o regionales representativas de la economía social.
La Empresa Dada la importancia que para el desarrollo de los países tiene la promoción del tejido empresarial y del sector privado en general, las empresas se erigen en colaboradoras necesarias para el fomento del desarrollo económico. Por ello si se tiene en cuenta la importancia de la inversión y del comercio en el desarrollo económico de los países, las empresas se sitúan en primera línea.
Las empresas, ante los retos que plantea un mundo globalizado, la sociedad en la que se integran y su propia realidad, han emprendido, en el marco de la denominada Responsabilidad Social Empresarial, un proceso tendente a redefinir su papel en la sociedad, en las relaciones con sus accionistas, clientes, consumidores, empleados, proveedores y administraciones, y en el modo de conciliar el crecimiento y el progreso con el respeto al medio ambiente, los derechos humanos y los derechos laborales.
En el marco de la consecución de los ODM se están promoviendo iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado en el marco de las «Alianzas público-privadas para el Desarrollo». Este mecanismo va más allá de la visión de la empresa como un actor que termina su negocio con la venta y entrega de bienes o que se limita a participar en las licitaciones públicas. Por el contrario, las Alianzas pretenden conjugar los esfuerzos de la empresa privada, organizaciones del tercer sector y del Estado para la consecución de objetivos de desarrollo en los países socios.
Las asociaciones público-privadas permiten lograr una mayor eficiencia económica en los proyectos, además de dotarlos de un horizonte temporal a más largo plazo, fruto de la búsqueda de rentabilidad de la empresa en el proyecto. Además, este mecanismo por medio de la cofinanciación consigue reducir los costes de las intervenciones de las instituciones de cooperación.
Medidas - Alianzas público-privadas para el desarrollo.
Línea prioritaria 2: Apoyos específicos a los agentes andaluces en función de sus características y funciones El artículo 20 de la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece que la Administración de la Junta de Andalucía podrá conceder ayudas y subvenciones a ONGD y demás agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía para la ejecución del programas y proyectos de cooperación.
En consonancia con el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, el apoyo que se preste a los agentes andaluces a través de la ejecución del PACODE estará regido por los siguientes principios: a) De colaboración, como garantía de la unidad y coherencia del proceso: proceso dialogado desde el mismo diseño de la cooperación al desarrollo plasmado en las referencias compartidas. Colaboración que va unida a la corresponsabilidad de las partes en la consecución de los objetivos fijados.
b) De complementariedad, entre los agentes de la cooperación andaluza: complementariedad entendida como la suma de sinergias entre los actores de la cooperación en la implementación de una política de desarrollo compartida; complementariedad implica diálogo sobre los objetivos, forma de lograrlos y distribución de responsabilidades.
c) De calidad de la ayuda, mediante una mejor planificación, mayor coordinación entre los actores, promoviendo instrumentos más idóneos y reforzando la evaluación y el aprendizaje.
Con el objeto de aprovechar al máximo las potencialidades de cada agente implicado en el sistema de ayuda, el PACODE establece, teniendo como principio la cofinanciación de las intervenciones, de forma específica según la naturaleza y funciones de cada grupo de agentes las siguientes medidas: Medidas El apoyo a los distintos agentes de la cooperación de Andalucía se realizará fundamentalmente en el marco de los Programas Operativos. Además, se podrán apoyar proyectos a ejecutar en otros países enmarcados en las tres áreas geográficas prioritarias que define la Ley Andaluza en su artículo 4.2; este apoyo incidirá en las zonas o grupos de población de menor índice de desarrollo humano.
1. ONGDs El apoyo a las ONGDs se realizará mediante dos instrumentos: Programas y proyectos.
Programas: Los Programas tendrán una duración plurianual y se incardinarán en los: Programas Operativos Geográficos y Sectoriales, Programa Operativo de Acción Humanitaria, Programa Operativo de Educación y Programa Operativo de Formación e Investigación.
El acceso de las ONGDs a los Programas se arbitrará mediante un procedimiento, consensuado con estas entidades, destinado a determinar las ONGDS que, acreditando su interés, experiencia, estructura y capacidad institucional, puedan acceder al reconocimiento por parte de la AACID como Entidades Calificadas. Las bases reguladoras de dicho procedimiento definirán con detalle los criterios de valoración y su ponderación y se publicarán en el BOJA.
La resolución de este procedimiento se hará público en el BOJA y relacionará las ONGD acreditadas y las que no lo han sido en la correspondiente convocatoria, exponiendo los motivos de la estimación o desestimación de las solicitudes atendiendo a los criterios de valoración establecidos en las bases.
El apoyo a los programas de las ONGDs se concretará mediante la firma de convenios.
Proyectos: Anualmente, se publicará una convocatoria adaptada al contenido del PACODE.
2. Administración Local.
En el marco de la coordinación y del Convenio Marco entre la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y teniendo en cuenta los distintos Programas Operativos, se procederá a la cofinanciación de programas, mediante la firma de Convenios Específicos, entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional como instrumento de ejecución de los distintos programas.
3. Universidades.
En el marco del PACODE se abordará de forma global el apoyo a la cooperación universitaria actuando en todas aquellas materias en las que las universidades andaluzas pueden favorecer a la ejecución de una eficaz política de cooperación internacional para el desarrollo. En el marco de los Programas Operativos, se procederá a la cofinanciación de Programas, mediante la firma de Convenios, con cada una de las Universidades Andaluzas.
4. Organizaciones sindicales.
En el marco de los Programas Operativos, se procederá a la cofinanciación de Programas, mediante la firma de Convenios con UGT, Comisiones Obreras.
5. Organizaciones empresariales.
En el marco de los Programas Operativos, se procederá a la cofinanciación de Programas, mediante la firma de Convenios con la CEA, el Consejo Andaluz de Cámaras y CEPES.
Línea prioritaria 3: Apoyo al voluntariado y a los cooperantes El PACODE apuesta por la participación de la sociedad andaluza en la política de cooperación en unas condiciones dignas y acordes con el estratégico papel que puede desempeñar en la consecución de sus resultados.
La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dedica su capítulo V a la participación de la sociedad andaluza en la cooperación internacional para el desarrollo y destina el contenido del artículo 22 a la participación del voluntariado en la gestión y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo y otro -el artículo 23- a la participación de los cooperantes.
El artículo 22 de la Ley establece que podrán participar en la gestión y ejecución de proyectos que sean responsabilidad de los agentes de la cooperación para el desarrollo personas voluntarias vinculadas a los mismos.
Por su parte, la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado en Andalucía, identifica, en su artículo 5, la cooperación, la solidaridad internacional y la educación por la paz como áreas de actuación de la acción voluntaria organizada, estableciendo respectivamente en sus artículos 14 y 15, los derechos y deberes de las entidades, así como de las personas vinculadas con programas de voluntariado.
Igualmente, en el artículo 23 se define el Plan Andaluz del Voluntariado como instrumento administrativo que determina los criterios de planificación y coordinación de las actuaciones proyectadas en materia de voluntariado, posibilitando la integración en su marco de las actividades e iniciativas de otras Administraciones Públicas y demás entidades públicas o privadas con las que se acuerde su incorporación y participación en el mismo.
La complementariedad entre el PACODE y el Plan Andaluz de Voluntariado se materializará a través de la colaboración intersectorial entre ambos planes, estableciendo un Programa Andaluz del Voluntariado en la cooperación internacional para el desarrollo.
El artículo 23 de la Ley 14/2003, establece que también podrán participar en la gestión y ejecución de proyectos de cooperación los cooperantes y que será de aplicación al efecto el Estatuto del Cooperante, previsto en el artículo 38 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y regulado en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, y en la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 163/2007, de 25 de enero.
Dentro del referido Estatuto se reconocen una serie de derechos a las personas que sean cooperantes (derecho a una formación adecuada, a recibir información sobre su régimen de horario y reglas del país de destino, al completo reembolso de determinados gastos, a una previsión social adecuada, a la reincorporación laboral tras la finalización de sus servicios, a la certificación de las labores realizadas, etc.) y una serie de obligaciones.
El Estatuto igualmente recoge las obligaciones que se derivan para las promotoras de la cooperación internacional para el desarrollo o de acción humanitaria de la participación de los cooperantes en las actuaciones que aquellas promuevan y que consisten esencialmente en una serie de condiciones a las que se debe someter la relación laboral que se materialice entre la entidad o persona promotora y el cooperante, en la firma de un acuerdo complementario para la realización de la prestación que se contrate y en el pago de la parte de la prima del seguro colectivo que, en su caso, les corresponda para cubrir las contingencias de sus cooperantes.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Administración de la Junta de Andalucía va a cumplir el Estatuto del Cooperante en las contrataciones de personal laboral que al efecto realice y al mismo tiempo va a hacer un seguimiento de su cumplimiento por parte de los distintos agentes de cooperación a los que apoye.
Para la consecución de tal finalidad, tanto el contrato laboral como el acuerdo complementario que suscriba la AACID con sus cooperantes y los que suscriban los distintos agentes de la cooperación de Andalucía que reciban subvenciones de la Junta de Andalucía deberán ser objeto de depósito, en los términos recogidos en la Orden Ministerial 163/2007, de 25 de enero en el Registro de Agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía que será adaptado al efecto, de conformidad con lo que la legislación vigente determine.
Para cumplir esta tarea, la Junta de Andalucía va a suscribir con la AECID un Convenio de Colaboración en el que se fijarán las condiciones de colaboración para la aplicación en Andalucía del Estatuto del cooperante, incluido lo relativo al depósito de documentos y al seguro colectivo.
Medidas - Elaboración y desarrollo, de forma conjunta con la Agencia Andaluza del Voluntariado, del Programa Andaluz de Voluntariado en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Este programa incluirá intervenciones de formación y especialización, de sensibilización e información a la población andaluza, y acciones de fortalecimiento y articulación del sector del voluntariado.
- Suscripción con la AECID de un Convenio de Colaboración para la aplicación en Andalucía del Estatuto del Cooperante.
- Cumplimiento de lo establecido en el Estatuto del Cooperante para las contrataciones de personal laboral que realice la AACID.
- Seguimiento del cumplimiento del Estatuto del Cooperante por parte de los agentes de cooperación andaluces apoyados con fondos de la Junta de Andalucía.
Línea prioritaria 4: Coordinación entre los agentes andaluces La coordinación de los actores de la cooperación andaluza para asegurar la máxima coherencia y complementariedad en sus actuaciones se fortalecerá durante el período de vigencia del PACODE mediante la puesta en práctica de las siguientes medidas.
Medidas - Definición, de forma consensuada, del rol de los distintos agentes de cooperación internacional para el desarrollo en Andalucía.
- Creación de un sistema de información conjunta sobre la cooperación al desarrollo andaluz a través del registro de Agentes de la Cooperación.
- Refuerzo del cometido de los órganos de coordinación ya existentes (Comisión de Cooperación, Consejo Andaluz de Cooperación Internacional).
- Creación de comités de seguimiento de los programas operativos en los que se vean representados los distintos agentes que participen en su ejecución.
- Creación del Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Creación del Grupo de Trabajo sobre Ayuda al Desarrollo en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Creación del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Creación del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de la Cooperación andaluza en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Creación del Grupo de Trabajo de Formación e Investigación en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Línea prioritaria 5. Fortalecimiento de la capacidad de los agentes andaluces Se pretende fortalecer las capacidades de los agentes de la cooperación andaluza mediante la formación y especialización de sus recursos humanos y la investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Todo ello con el objeto de aumentar la eficacia y la calidad de la cooperación andaluza. Para ello se desarrollarán las siguientes medidas: Medidas - Formación y especialización continuada del personal de la AACID en las distintas áreas de responsabilidad de la misma.
- Formación de personal y mejora de los recursos humanos de los agentes de la cooperación andaluza.
- Apoyo a la formación especializada en cooperación internacional en áreas de desarrollo, educación para el desarrollo, acción humanitaria, evaluación.
- Apoyo a líneas de investigación sobre la cooperación internacional para el desarrollo, incluyendo la ayuda para el desarrollo, la educación para el desarrollo, la acción humanitaria y la evaluación de la cooperación.
- Apoyo a la investigación sobre la política de cooperación andaluza.
- Apoyo a líneas de investigación relativas al desarrollo de los países socios.
- Publicación de trabajos relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PACODE Los informes anuales Durante el desarrollo del PACODE se realizará de forma continua el seguimiento de lo realizado y anualmente se elaborará un informe de ejecución física y financiera del PACODE.
La evaluación intermedia Se realizará una evaluación intermedia a la mitad del período de vigencia del PACODE con el objeto de obtener información relevante y precisa que permita introducir las modificaciones necesarias en el diseño o ejecución del Plan. Las modificaciones que sean propuestas como resultado de la evaluación intermedia serán analizadas por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo y trasladadas para su conocimiento al Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La AACID incorporará en el PACODE las modificaciones necesarias para cumplir las recomendaciones de la evaluación intermedia.
La evaluación final Se realizará una vez finalizado el Plan y su objetivo es emitir un juicio acerca del éxito de la intervención, siendo la valoración de los resultados e impactos su principal cometido.
Este informe de evaluación ex post, de carácter retrospectivo respecto al Plan, servirá como elemento de referencia para la formulación de nuevas intervenciones públicas de la Administración autonómica en materia de política de cooperación para el desarrollo. Puesto que se trata de un Plan dirigido a solucionar problemas estructurales, muchos de los efectos de los programas aplicados no podrán ser plenamente evaluados hasta haber pasado un período más largo de tiempo desde su finalización para que se manifiesten los impactos y efectos más indirectos, por lo que probablemente se deje transcurrir un tiempo desde que acabe el Plan para la realización de esta evaluación.
5. RECURSOS FINANCIEROS ORIENTATIVOS Objetivo Alcanzar el 0,7% del Presupuesto de la Junta de Andalucía en el año 2012, llegando al 0,62% en el último año de vigencia del Plan.
Año % Presupuesto 2008 0,41 2009 0,48 2010 0,55 2011 0,62 Los Planes Anuales concretarán las cantidades correspondientes a estos porcentajes.
Asignación de los recursos - Generar procesos de desarrollo. Ayuda destinada a programas y proyectos en las áreas prioritarias de la cooperación andaluza según la Ley.
1. Asignación geográfica. Se establece como meta a alcanzar en el desarrollo del Plan destinar a los países prioritarios el 80% del total de la ayuda destinada a este objetivo.
Asimismo, se establece como meta a alcanzar en el desarrollo del Plan destinar al África Subsahariana el 20% del total de la ayuda destinada a este objetivo.
2. Asignación sectorial. Se establece cómo alcanzar en el desarrollo del Plan, en el ámbito sectorial, destinar a los Servicios Sociales Básicos, el 30% del total de la ayuda destinada a este objetivo.
- Educación para el Desarrollo. Se establece como meta a alcanzar en el desarrollo del Plan destinar el 10% de los recursos destinados por la Junta de Andalucía a la política de cooperación internacional para el desarrollo.
- Acción Humanitaria. Se establece como meta a alcanzar en el desarrollo del Plan destinar el 10% de los recursos destinados por la Junta de Andalucía a la política de cooperación internacional para el desarrollo.